Uno de los líderes del separatismo catalán ha formulado en el Senado sus aspiraciones: amnistía y referéndum. Satisfacer tales pretensiones supone la quiebra del Estado de Derecho y del régimen de Monarquía parlamentaria surgido de la Transición de 1978. Al margen de que la Constitución no contempla ni la amnistía ni el referéndum, conceder al independentismo tales cesiones equivale a una violación del principio de igualdad entre todos los españoles.
¿Por qué exonerar, por ejemplo, del delito de desórdenes públicos a quienes actuaron en Cataluña contra las Fuerzas de Orden Público durante los aciagos días de octubre de 2017 y no exonerar, en cambio, a quienes cometieron el mismo delito por entonces en cualquier otra parte del territorio nacional por otros motivos diferentes? Y lo mismo cabría decirse sobre el delito de malversación de fondos públicos? ¿Por qué permitir que en Cataluña se celebre un referéndum sobre la independencia y no permitir, por ejemplo, a la Región de Murcia un referéndum sobre la aplicación en su territorio autonómico de la legislación sobre el aborto o sobre la ideología de género? ¿Es que los independentistas catalanes son unos ciudadanos de mejor derecho o categoría que los del resto de España? ¿Qué es más importante para los españoles, investir a Sánchez o garantizar la igualdad entre todos y, al mismo, tiempo, preservar la Constitución, el Estado de Derecho y el régimen de Monarquía parlamentaria? Sería de locos que la decisión de romper el principio de igualdad consagrado en la Constitución no la tomen todos los ciudadanos de España, sino únicamente quienes desean separarse de ella.
En los últimos tiempos, se repite la definición de Michael Ignatieff acerca del populismo: “dar soluciones falsas a problemas reales”. Así empezó Zapatero cuando en 2003, siendo Secretario general del PSOE dijo: “Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”. Aquél Estatuto fue aprobado en 2006, y en 2010, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales catorce de sus artículos. Aun así, desalojados del texto estatutario dichos artículos nulos, va más allá que el anterior Estatuto catalán de 1979 y el Tribunal Constitucional no actuó como dique de contención. Aparte de ser un texto infumable, con repeticiones y alguna que otra contradicción, contiene 223 artículos, (el de 1979, solo 57, y la Constitución de 1978, solo 169, lo que es de una vanidad hercúlea), lo más serio es que define a Cataluña como nación, alude a las relaciones de bilateralidad entre la Generalitat y el Estado, como si fueran de igual a igual y se percibe una voluntad de suprimir al Estado nacional en todo el territorio de Cataluña.
Ahora que algunos proponen la eliminación de las Comunidades Autónomas, no está de más advertir que si las aspiraciones separatistas de los catalanes se satisfacen por los dirigentes del Estado central, ello supondría la destrucción del Estado autonómico con irreparable daño para los intereses de todos los españoles. Como decía Churchill, me he pasado la vida preocupado por cosas que luego nunca han ocurrido. Ojala, podamos nosotros decir lo mismo.