Ante "la situación grave de crisis migratoria", la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha solicitado por carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que dé respuesta a la llegada de personas a las costas canarias y tome medidas "ante estas circunstancias".
Dávila critica que el Gobierno realice "repartos disimulados de inmigrantes por la Península sin el conocimiento del resto de administraciones" y no comparta información sobre su llegada. "No podemos esperar ni un día más a reunirnos. La trascendencia de esta situación exige que se reactive este órgano de interlocución entre el Estado y las comunidades autónomas que, por cierto, lleva sin convocarse desde el año 2018, recalca la consejera madrileña.
Además, recrimina al Gobierno "la falta de interés por buscar soluciones a la inmigración" que se constata en la creación en 2018, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Migratorios "para posteriormente suprimirla a los dos años".
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco (PP), ha pedido este viernes al Gobierno central que en 48 horas convoque a la comunidades en la Conferencia Sectorial de Inmigración para saber "cuántos migrantes" de los llegados a Canarias van a ir a cada autonomía, cómo van a llegar y poder planificar conjuntamente los recursos.
En declaraciones a los medios, Blanco ha insistido en que la Castilla y León es una tierra de acogida y solidaria aunque ha criticado la falta de información y "deslealtad" del Gobierno ante la llegada de migrantes a esa Comunidad, en referencia a los realojados en Medina del Campo (Valladolid), en un balneario en obras, de los que "no tuvieron aviso" alguno, por lo que no pudieron planificar los recursos que requieren.
La titular de Familia se ha remitido a las declaraciones de ayer del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ante la posición del vicepresidente de la Comunidad, Juan García-Gallardo (Vox), que habló de "invasión migratoria" y de la llegada de "183 jóvenes varones en edad militar" y que generan "tanta sensación de inseguridad". Fernández Carriedo situó esas declaraciones en el ámbito de su partido político Vox y en un marco personal, e insistió en que la posición en esa materia la fijan el presidente de la Junta y la consejera de Familia.