El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha imputado al expresidente de la Generalidad catalana Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otra decena de investigados en la causa en la que investiga por terrorismo a la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que surgió en 2019 para protestar contra la sentencia del 'procés', según informan a EFE fuentes jurídicas.
El magistrado, que también dirigirá la investiación, ha dictado un auto en el que cita en calidad de investigada a Rovira y a otra decena de personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional dada su condición de europarlamentario, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.
La decisión se apoya en la convicción de que las actuaciones de ese movimiento no encajan en el delito de terrorismo y, al haber desaparecido el de sedición por la reforma del Código Penal, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos y en los juzgados de Barcelona.
Las fuentes consultadas han añadido que, antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, de acuerdo con las informaciones policiales que constan en el procedimiento.
García Castellón cita asimismo como testigo al coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, para que declare sobre una reunión que este habría mantenido en Ginebra con Marta Rovira, según el auto, donde el magistrado ve "llamativa" su presencia en "la gestación de la organización".
El juez investiga en esta causa -una de las que podría ser susceptible de entrar en una eventual ley de amnistía- las acciones desplegadas por Tsunami Democràtic, una "organización estructurada" y "jerarquizada" surgida en 2019 en protesta contra la sentencia del 'procés', para -dice el auto- "subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva".
Entre esas actuaciones, el juez cita el bloqueo del aeropuerto de El Prat o el intento de bloqueo del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas; los altercados en el partido entre el FC Barcelona y el Real Madrid el 18 de diciembre de 2019 y en la huelga general del 18 de octubre; y cree también que Tsunami "trató de influir" en las elecciones generales de noviembre de 2019.
Estos hechos, según el juez, podrían incurrir en "actos de terrorismo" y también sería posible calificarlos como "delitos de desórdenes públicos terroristas", que requiere que se cometan por una organización terrorista o individualmente, pero amparados en ella. En su opinión, no se puede excluir "en absoluto que Tsunami Democratic pudiera tener la consideración de 'grupo terrorista'".
El juez cree que Puigdemont tuvo un "rol de liderazgo" en el movimiento de Tsunami, según infiere de conversaciones que obran en la causa, y sostiene que está "acreditado indiciariamente" que el expresidente catalán acudió "a las reuniones que se celebraron en Ginebra" el 29 y 31 de agosto de 2019, donde "pudo haberse planificado la actuación" de la plataforma.
Una conclusión que extrae del análisis de la agenda del historiador y hombre de su máxima confianza, Josep Lluis Alay, quien, según el juez, haría de intermediario con el resto de implicados y consultaría al expresidente catalán las "decisiones y dudas" que surgen en torno a la campaña desplegada por Tsunami.
Por eso, ve necesario oírle en calidad de investigado en el marco de un interrogatorio que "versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio".
El informe de la Guardia Civil concluyó que la dirigente de ERC Marta Rovira tuvo un papel esencial de coordinación política en la plataforma independentista Tsunami Democràtic.
En un informe remitido al Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, los agentes consideran que se trata de "una plataforma que no surgió de forma espontánea, sino que fue el resultado de una estrategia minuciosamente planificada para protestar contra la sentencia del juicio del procés" y que "sirvió como elemento desestabilizador y de presión política a través de la movilización social a gran escala".
La Guardia Civil ha identificado a Rovira con un usuario denominado 'Matagalls' que realizó cometidos de coordinación del movimiento en lo relativo a la búsqueda de apoyos institucionales y de su partido político.
Rovira es la secretaria general de ERC desde 2014 y reside en Ginebra, Suiza, donde huyó de sus responsabilidades con la Justicia española tras el golpe de Estado del 1 de octubre.