Los días se desprenden como protestas, como indignación de españoles: la política española es una herida en el tiempo, una llaga permanente contra la paciencia del ciudadano, que ve el Ejecutivo en su realidad finita, simplona, mediocre… Las multitudinarias manifestaciones de la semana pasada contra la anunciada ley de amnistía para favorecer el procés que impulsa Pedro Sánchez a cambio de un puñado de votos para reeditar su presidencia ha terminado con el estatismo ciudadano. Una congoja la de la discrepancia que va en aumento, que se suma a los problemas financieros de los españolitos y a la inminente recesión que anuncian los expertos económicos.
Sánchez pretende gobernar a todos los españoles, incluyendo a aquellos que tienen plena conciencia de que su investidura tras el pacto con los independentistas será una calamidad, consideraciones jurídicas y políticas al margen –será el pistoletazo de salida de un nuevo proceso secesionista, esta vez legitimado y consentido desde el Gobierno–. Este sentimiento hace a estos ciudadanos eternos, a medida que el gran iceberg del silencio o la indiferencia en la opinión pública se deshiela y el secretismo de la negociación con Puigdemont aumenta. Es cuando las gentes tan diversas se preguntan qué proyecto de España quiere el candidato presidencial, acaso pretenda llevarlo a cabo desgajando vetas enteras de la periferia; y entonces cada día cuenta, en el arrastre largo hacia la tramitación parlamentaria de la amnistía. En una de esas glorietas de Bruselas, aparece a veces el espíritu de las leyes, una hilacha de esa vida de consenso y democrática que está lejos y cerca, que los más deleznables diputados quieren interrumpir.
No hay proyecto plural en la hoja de ruta de Sánchez: solo tiene oídos para Junts per Catalunya y ERC, ni siquiera para los catalanes que rechazan la unilateralidad y la radicalización de su comunidad, los que saben que estas políticas del chantaje vienen de un fondo subvencionado, incapaces sus líderes políticos de recuperar la vanguardia industrial y empresarial que durante décadas alzaron a Cataluña como la región más próspera de España. Verán marchar indiferentes una parte de su tierra y de sus gentes al exilio inminente, con su alma de fenicios, sus sonrisas de plástico con color de billete, su puesta en escena sobada y que destila odio y engaño, fracaso financiero y agresividad verbal contra el resto del país de unos pocos catarrosos de alma. Tres mil empresas se marcharon de Cataluña tras el referéndum ilegal, entre ellas Caixabank, Sabadell, Naturgy y Cellnex, en una de estas innumerables formas que conoce el fracaso y la pérdida pero que por mor de la propaganda independentista ha tomado incluso la forma de un triunfo, sectario, excluyente y feo. En 2022, la región perdió 180 empresas más, mientras que Madrid ganó 190. Cataluña, que era la zona industrial de referencia para las inversiones extranjeras, ahora solo consigue el 8% de esa inversión foránea, frente al 68% de Madrid.
Los escuchamos y los vemos romper España, dentro siempre del frustrante proceso del hundimiento social, cavando sus propias fosas, dispuestos a escapar con lo regateado, volviendo al tronco podrido del antiespañolismo, del que salieron porque eran incapaces de ejercer cualquier otro oficio que no fuese el parasitismo. El pudridero político está lleno de estos tipos de ANC y Òmnium Cultural, antilíderes con miopía que llaman zombis a los padres de la Constitución y a los muñidores de una Transición pacífica a la democracia. No era suficiente que los nueve líderes separatistas fuesen indultados en 2001. El procés es como una enfermedad, la gran enfermedad de la que adolece Sánchez, y su investidura inminente será siempre como una recaída a los ojos de los muchos que hoy se manifiestan. No escucharlos es ir a la contra, desacompasado con los tiempos, dejarse asesorar por una corte de tullidos intelectuales, porque en democracia, como en el amor y en la guerra, no todo vale.