En la primera semana de agosto quedó cerrado el acuerdo entre el PSOE sanchista y Junts. Todo lo demás, durante tres meses, ha sido paripé. Pedro Sánchez compraba los 7 escaños de Puigdemont y pagaba por ellos con las treinta monedas de la Ley de Amnistía, que permite al golpista, prófugo de la Justicia española, regresar en triunfo a Barcelona. Aunque no se ha atrevido a mencionar el lawfare, Sánchez ha aprovechado el texto de la nueva ley deslizando en ella la vía para el control de la Justicia española. Domina ya el Tribunal Constitucional. Aspira a adueñarse del Consejo General del Poder Judicial y a condicionar, como se ha hecho en varios países iberoamericanos, a los jueces, nombrando a los más idóneos, y amenazando y sometiendo a los independientes con comisiones de investigación.
La reacción al atropello ha sido espectacular. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, también los procuradores y abogados, se han alzado casi unánimemente contra el despropósito. Hay conciencia clara de lo que pretende hacer Pedro Sánchez y que forma parte del totalitarismo de carácter comunista. Conviene no andar con veladuras y medias tintas. La investidura del líder socialista abre un periodo político en el que Sánchez tratará de adueñarse de todos los poderes y resortes del Estado. Además de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, se producirá el acoso y tal vez la nacionalización de las grandes empresas de nuestra nación.
La Transición ha concluido. La concordia y la conciliación entre españoles se ha sustituido por la España a garrotazos del cuadro de Goya. Y la impresión que tienen los observadores objetivos y los historiadores serios es que la extrema izquierda camina con ventaja y que, democráticamente, sólo Europa podría paralizar el triunfo total del sanchismo.