Las agresiones a funcionarios y los altercados en las prisiones de nuestro país comienzan a ser cada vez más frecuentes. Cerca de 70 trabajadores se concentraron la semana pasada en la puerta del Centro Penitenciario de Perogordo, en Segovia, para denunciar el intento de apuñalamiento de un funcionario a manos de un recluso con un arma de fabricación casera. Días antes, la protesta que tuvo lugar en la salmantina de Topas fue sólo una más de las muchas denuncias de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP). Es una de las consecuencias de la masificación de las cárceles nacionales.
La media de ocupación de los centros de internamiento en España es del 160 por ciento, si bien en algunos casos esta cifra supera el 300%.
Los centros-tipo están diseñados para albergar a 1.008 presos. Sin embargo, lo habitual es que acojan a más de 1.700. No se libran de estas deficiencias las cárceles más antiguas o las de menor capacidad. De hecho, la tasa de hacinamiento más alta, según los datos facilitados por ACAIP, se registra en el Centro Penitenciario de Ceuta, con 80 plazas y 287 internos, es decir, que está al 358,75 por ciento de su capacidad. El sindicato CSI-CSIF ha denunciado en un comunicado que “esta situación no se ha dado nunca en la historia moderna de las prisiones españolas. Son niveles de hacinamiento rayando a los que padecen los centros penitenciarios sudamericanos.”
Después de la Ciudad Autónoma, por Comunidades, Canarias se sitúa a la cabeza con una masificación cercana al 196% de media, seguida de Andalucía, cuyas cárceles están al 190%. Les van a la zaga Aragón y Extremadura, al 168%, y Galicia, con 166%. Madrid, con siete centros, sufre un hacinamiento en sus prisiones del 165%.
Al problema de la masificación, hay que añadir otro no menos importante como es la escasez de funcionarios. Si bien las cifras oficiales apuntan a 20.000 empleados públicos, sólo 12.000 se dedican a vigilancia y custodia, lo que sitúa la ratio en un funcionario por cada 150 internos.
En los últimos años, el número de presos ha pasado de los 33.035 de 1990 a los 72.171 registrados hasta el tercer trimestre de 2008. Sólo en los 9 primeros meses del año, se han registrado tantos ingresos como en todo el 2007.
En este contexto, la norma de un preso por celda no deja de ser una utopía en nuestro país. En el caso de Cataluña, única Comunidad Autónoma donde el sistema penitenciario no es gestionado por la Administración General del Estado, pueden llegar a concentrarse hasta seis internos en las celdas de diez metros cuadrados de la prisión modelo de Barcelona, mientras que en la de Tarragona, en celdas de ocho metros cuadrados hay hasta cuatro reclusos.
La reciente inauguración de tres nuevas prisiones no parece que vaya a solucionar el problema. En junio abrió sus puertas en Albocasser la nueva cárcel de Castellón, y al mes siguiente lo hacían la de Estremera (Madrid) y Morón de la Frontera (Sevilla). Sin embargo, desde ACAIP denuncian que durante cuatro años no se ha inaugurado nada, “ha sido una legislatura en blanco” en lo que a la inauguración de cárceles se refiere.
La población reclusa crece cada día una media de 130 internos. A la luz de estas cifras, “las tres nuevas cárceles asumen el incremento de presos de 2008, pero no van a paliar la masificación existente”, asegura el director de estudios de ACAIP, Ignacio Gutiérrez.
Actualmente, no hay ninguna prisión en construcción. Según Ignacio Gutiérrez, hay tres nuevos proyectos sobre la mesa –Antequera, Gran Canaria e Iruña de Oca (Álava)- que empezarían a tramitarse en 2009. En cualquier caso, el plazo estimado para su entrada en funcionamiento ronda los 32 meses, es decir, dos años y medio. Y, durante este tiempo, el número de internos seguirá creciendo.
Las Comunidades Autónomas han reclamado la construcción 11 nuevos centros, cuya ejecución podría demorarse entre 6 y 8 años al no estar redactados los proyectos y no contar aún con presupuesto, según ha confirmado Francisco Llamazares, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones.
La propia secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó en la Comisión de Interior del Congreso de que las “sucesivas reformas penales y la aprobación de nuevas leyes en relación con la violencia de género y la seguridad vial” han derivado en un aumento de la población reclusa. Una circunstancia que apunta a la necesidad de ampliar el “Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 2005-2012 para incrementar tanto las celdas de régimen ordinario como las de régimen abierto”.
Gallizo ha llegado a plantear la posibilidad de no recurrir a la prisión, especialmente en el caso de penas de corta duración, aprovechando los adelantos tecnológicos que permiten la restricción de la libertad sin necesidad de internamiento.
Sin embargo, el director de estudios de ACAIP considera que primero “habrá que ver qué criterios se aplican y qué opina la sociedad”.