La norma más polémica en la historia reciente de la democracia española, con la que Pedro Sánchez espera amnistiar al expresidente fugado de la Generalidad, Carles Puigdemont, aterriza en el Congreso este martes, para ser calificada previsiblemente por la Mesa, dando comienzo a una compleja tramitación que se prevé lenta y tortuosa.
El PP ya ha anunciado que dará la batalla tanto en la Cámara Baja como en el Senado, donde ya ha modificado el Reglamento para retrasar al máximo (hasta dos meses) la aprobación de la ley.
Sobre la Mesa del Congreso, que se reúne el martes a las 10:00 de la mañana, hay un intenso orden del día centrado en la previsible admisión a trámite de la ley de amnistía del procès, a la que el PP se opondrá frontalmente, pero que podría ser calificada ese mismo día apoyada por un informe favorable de los letrados.
Fernando Galindo, nuevo letrado mayor afín al PSOE, firmará las anotaciones jurídicas que acompañarán a la ley, registrada el pasado lunes por el PSOE en solitario pero que saldrá adelante con el apoyo de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Precisamente estos partidos han mostrado su apoyo explícito a la proposición de ley solicitando también a la Mesa que la tramite por la vía de urgencia.
Los populares han anunciado que se opondrán en este órgano de la Cámara Baja -que decide sobre las iniciativas que son o no debatidas en el pleno- porque si los letrados no admitieron una proposición de Ley similar en 2021 por considerarla inconstitucional, también lo es ahora.
La polémica vuelve a activarse en el Parlamento y el PP podría solicitar una reconsideración del informe del nuevo letrado mayor tras haber anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional si se admite a trámite.
No obstante, si el martes la mayoría de la Mesa califica la iniciativa, esta seguiría su procedimiento parlamentario, aunque fuera lento y tortuoso, ya que Vox también ha amenazado con presentar una querella por prevaricación contra el secretario general del Congreso y contra los diputados de la Mesa que acepten su tramitación "a sabiendas de su manifiesta inconstitucionalidad".
La ley de la amnistía es recurrible ante el Constitucional por grupos parlamentarios -solo podría el PP y ya ha anunciado que lo hará- y por comunidades autónomas -varias gobernadas por los populares están dispuestas a ello-. La suspensión de la norma no es automática sino que tendría que pedirse vía medida cautelar y acordarla el TC, en cuyo caso todas las causas judiciales quedarían paralizadas.
No obstante, tras el cambio de mayorías en el alto tribunal que se produjo a finales de diciembre del pasado año, desde la oposición no las tienen todas consigo. El tribunal está compuesto por cinco magistrados "conservadores" frente a siete "progresistas", entre los que se encuentran perfiles muy políticos, como el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o el propio presidente, Cándido Conde-Pumpido.
No obstante, el escenario cambia si son los juzgados y tribunales los que actúan. Antes de acordar el archivo, cualquier juez que haya dictado sentencia o instruya un procedimiento vinculado con los hechos que recoge la ley y que dude de la constitucionalidad de la norma puede plantearlo así ante el Tribunal Constitucional.
Y aquí todas las miradas apuntan al Supremo, que tiene previsto presentar una doble impugnación contra la ley de amnistía, esto es, una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC y una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). En ambos casos, esta doble vía acarrea como consecuencia la suspensión de la ley, pero no sería en genérico, sino a los casos que afecten al tribunal que pida la impugnación en cuestión.
El artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que "el planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida esta, el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión".
Mientras que el TJUE deja claro en sus recomendaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales que quieran plantear cuestiones prejudiciales que "el procedimiento nacional debe suspenderse hasta que el TJUE haya emitido su fallo".
El paso del Supremo implica no solo que suspenda la aplicación de la norma sino también el proceso judicial, lo que abre la puerta a que Carles Puigdemont y el resto de fugados puedan regresar a España sin ser detenidos, aunque el TC aún no hubiera resuelto la cuestión.
Pese a que su causa no podría aún ser archivada, no se podría acordar ninguna medida contra él, ni detención ni ingreso en prisión porque precisamente la norma deja las medidas cautelares "sin efecto", lo que tampoco asegura el regreso del expresident, que desconfía de la Justicia española.
En paralelo, las decisiones de aquellos jueces que no impugnen la ley y opten por aplicar o no la amnistía a cada caso en concreto son recurribles por las partes, lo que supone una ralentización de los tiempos porque no se aplicarán hasta que sean firmes.
Por otro lado, el Parlamento Europeo debatirá este asunto el próximo miércoles, a petición de los grupos europeos del PP, Ciudadanos y Vox. Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes de la Eurocámara, el órgano que reúne a los grupos políticos y en el que cada jueves previo a los plenos se valida la agenda de la siguiente sesión, donde también se ha elegido como título del debate "Amenazas al Estado de derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España".
La propuesta ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo, los liberales de Renovar Europa, los Conservadores y Reformistas y la ultraderecha de Identidad y Democracia, y con el voto en contra de la Alianza de Socialistas y Demócratas, los Verdes y la Izquierda.
El próximo miércoles intervendrá en primer lugar la Comisión Europea, que analiza desde el martes el contenido de la proposición de ley de amnistía que le ha remitido el Gobierno y confía en tener un análisis para cuando se celebre el debate en el pleno. En este sentido, la oposición española aspira a un pronunciamiento similar al que ha tenido Bruselas con países como Hungría o Polonia en materia de Justicia.
Después debatirán entre sí los eurodiputados de los diferentes grupos, incluyendo potencialmente al líder de Junts, Carles Puigdemont, aunque al no estar adscrito a ningún grupo parlamentario dispone de menos tiempo de micrófono ante el hemiciclo.
De forma paralela, la sociedad civil continúa expresando su profundo rechazo a la norma. Todas las asociaciones de jueces, fiscales y procuradores se han pronunciado en contra de la misma. También lo han hecho las tres principales asociaciones de empresarios, pymes y autónomos (CEOE, Cepyme y ATA), el Instituto de la Empresa Familiar, además de innumerables asociaciones y sindicatos de guardias civiles y policías, inspectores de Hacienda o Trabajo, diplomáticos, interventores y auditores, administradores civiles, colegios de abogados, y un largo etcétera.
En la calle, las manifestaciones crecen en importancia e intensidad, como bien demuestran la celebrada el pasado domingo en las plazas de todas las capitales de provincia o la de este sábado en la madrileña plaza de Cibeles, que congregó a cientos de miles de personas. Además, en la sede de Ferraz son ya 16 las noches consecutivas con miles de personas protestando contra la polémica norma.