La proposición de ley de amnistía ha comenzado su andadura este martes en el Congreso después de que la Mesa de la Cámara haya admitido a trámite esta iniciativa, que podría ser debatida en el pleno a mediados de diciembre.
La Mesa de la Cámara Baja, con mayoría del PSOE y Sumar y en contra del PP, ha calificado de forma favorable la ley de amnistía tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes" y aboga por que la Mesa no coarte el debate de cualquier iniciativa que cumpla con los criterios requeridos.
Los letrados del Congreso dieron luz verde este lunes a su tramitación. En un informe, los juristas se muestran favorables a tramitar la proposición de ley porque no supone un indulto general como la iniciativa que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021 y dejan en manos del Tribunal Constitucional un posible recurso a la ley.
Según el escrito, al que ha tenido acceso EFE, los letrados inciden en que la admisión a trámite de las iniciativas parlamentarias que llegan a la Mesa no debe ejercerse como una función de "control previo de constitucionalidad" y abogan por que todas sean admitidas y debatidas siempre y cuando cumplan con los requisitos y criterios necesarios.
"La posibilidad de inadmitir una iniciativa parlamentaria en la fase de calificación y admisión a trámite es en todo caso excepcional, ya que puede suponer un quebrantamiento de los derechos fundamentales previstos en el artículo 23 de la Constitución", argumenta el informe de 21 páginas que mañana verá la Mesa de Congreso en su reunión a las 11.00 de la mañana.
Fuentes de la Mesa recuerdan a EFE que hace una semana este órgano de dirección del Congreso admitió a trámite una proposición de ley de Vox para ilegalizar partidos políticos con el argumento de que cumplía con todos los criterios y porque la Mesa no debía coartar al pleno la posibilidad de debate de todas las iniciativas. Por otra parte, señalan que la recusación solicitada por el PP para que el nuevo secretario general se abstuviera en este informe no tiene visos de prosperar ya que se trata de una iniciativa elaborada por un partido político y no por ningún Ministerio.
Los populares han recusado a Fernando Galindo al considerar que debía abstenerse de esta tramitación por haber formado parte recientemente del Ministerio de Política Territorial y señalan que "vulneraría los principios legales de imparcialidad y objetividad" de la ley del régimen jurídico del sector público.