Pedro Sánchez es consciente de que la estabilidad de la legislatura se basa en sacar adelante la amnistía sin demasiados contratiempos. Y dicho y hecho. Félix Bolaños, el hombre fuerte del Gobierno, se ha estrenado como ministro de Justicia llamando a Reynders, el comisario de la UE, para comunicarle que se trata de un “asunto interno” de España y le ha exigido que no se le ocurra meter sus sucias manos en un debate del Parlamento español. También Fernando Galindo, el nuevo letrado mayor de la Mesa del Congreso, sanchista militante y nombrado ex profeso para ello, ha avalado, deprisa y corriendo, el texto urdido por Puigdemont para que sea tramitado sin dilación. Y así, el Gobierno de los 22 ministros y muchos miles de asesores comienza su andadura viento en popa hacia Waterloo.
La ley de amnistía es, sin duda, el mayor escollo del Gobierno. La calle clama con continuas manifestaciones multitudinarias, el PP se atrinchera en el Senado para ralentizar su aprobación, mientras la mitad del PSOE se avergüenza y, algunos se atreven a atacar al presidente por su indecencia. De ahí, las prisas de Sánchez para dar carpetazo a la siniestra ley y asegurarse, de momento al menos, los 7 escaños malditos. Porque sin ellos no puede arrancar la legislatura. Ya vendrá el referéndum de autodeterminación, pero para entonces conviene tener aprobados unos nuevos presupuestos generales.
También busca Sánchez sacar la amnistía del debate político, aplacar la indignación de la mayoría de españoles y, lo más improbable, poder pisar la calle sin ser abucheado allá donde vaya. Pero no lo tendrá fácil. El PP, además de ralentizar el texto en el Senado, prepara recurrir la ley ante el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Tribunal de Justicia de la UE y este miércoles se debatirá en el Parlamento europeo. Al tiempo, la sociedad civil continúa expresando su profundo rechazo a la norma. Todas las Asociaciones de jueces, fiscales y procuradores se han pronunciado en contra. También lo han hecho las tres principales asociaciones de empresarios, pymes y autónomos (CEOE, Cepyme y ATA), el Instituto de la Empresa Familiar, además de innumerables asociaciones y sindicatos de guardias civiles y policías, inspectores de Hacienda o Trabajo, diplomáticos, interventores y auditores, administradores civiles, colegios de abogados, y un largo etcétera. Y en la calle, las manifestaciones no cesan.
Por mucho que Sánchez intente dar carpetazo a la ley de amnistía, su infame compra de los 7 escaños de Puigdemont le perseguirá siempre. Nadie lo olvidará. Menos aún, cuando se vea obligado a poner en marcha el referéndum de autodeterminación. Porque el prófugo de Waterloo le va a acosar durante la entera legislatura. Antes o después, el Gobierno aprobará la ley de amnistía. Pero la legislatura estará siempre en vilo, Porque los independentistas tienen el timón y son insaciables.