A nadie se le oculta que la gran ambición de Pedro Sánchez consiste en controlar el poder judicial. Domina el ejecutivo y el legislativo y ha metido sus manos en el Tribunal Constitucional. Pretende adueñarse en las próximas semanas del Consejo General del Poder Judicial y ha acordado comisiones parlamentarias para coaccionar a los jueces independientes. Niega el lawfare, pero se enmascara para usarlo.
Asociaciones de jueces y fiscales, y amplios sectores de la abogacía, han reaccionado de forma pública denunciando la tropelía. A Pedro Sánchez las manifestaciones le entran por un oído y le salen por otro. Aprovechándose de las torpezas de Alberto Núñez Feijóo, se encaramó de nuevo en la presidencia del Gobierno, se ha crecido y ahora va a por todas. Sectores políticos serios apelan a Europa con la esperanza de que la reacción de Bruselas contenga o limite los despropósitos sanchistas.
Especial significación tiene la rebelión de 18 fiscales del Tribunal Supremo contra el silencio del fiscal general. No entienden por qué Álvaro García Ortiz no amparó a los cuatro fiscales que cumplieron con su deber en la causa del procés. O mejor dicho. Lo entendieron muy bien. Para los fiscales del Tribunal Supremo, Álvaro García Ortiz obedece a las consignas monclovitas del sanchismo devorador de la independencia judicial. Por eso han reaccionado pública y abiertamente ante del desamparo de sus compañeros: Fidel Cadenas, Consuelo Madrigal, Javier Zaragoza y Jaime Moreno. Sobre ellos pesa el lawfare. Están amenazados por unas comisiones parlamentarias de investigación, puestas en marcha por Pedro Sánchez, con el fin de consumar el control del poder judicial. Se trata de que en el futuro las medidas que adopta el Gobierno no puedan ser frenadas o cuestionadas por sentencias judiciales. Se habrá liquidado así la separación de poderes, exigida por la Unión Europea a la que España pertenece.