Varios periódicos digitales han encendido las declaraciones que Alfonso Guerra, histórico vicepresidente del Gobierno con Felipe González, ha hecho a Pablo Motos en El hormiguero. El antiguo líder socialista no ha caído en la trampa de debatir si la Ley de Amnistía cabe o no en la Constitución española de 1978. “¿Cómo es posible que se negocie con un presunto delincuente que está buscado por la Justicia, con un prófugo?”, se pregunta Alfonso Guerra. Antes de entrar en la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto de ley es necesario especificar por qué se ha puesto en marcha esta compleja operación política y jurídica.
La respuesta no puede estar más clara, e incluso el nuevo ministro de Transportes lo ha reconocido: porque resultaban imprescindibles los siete escaños de Junts para hacer posible la investidura de Pedro Sánchez. Ahí radica el quid de la cuestión. Se trataba de un do ut des. Yo te permito regresar a Cataluña en triunfo sin juicio ni cárceles ni indultos y a cambio tú ordenas a tus siete diputados que voten a mi favor en la sesión de investidura. Es decir, una operación descarada de compra de votos, acompañada además en este caso por otras varias concesiones.
Alfonso Guerra, en fin, no ha caído en la trampa del debate sobre la Ley de Amnistía. Otros sí lo han hecho. Pedro Sánchez está ganando la partida, al conseguir que la compra de siete votos pagados con una ley, redactada según la conveniencia de unos delincuentes, haya derivado en un debate jurídico y político sobre la constitucionalidad del proyecto que se ha puesto en marcha. El veterano político ha dado una lección, en sus declaraciones a El hormiguero, zafándose del engaño sanchista y descarnando el oportunismo de la maniobra. Algunos dirigentes del Partido Popular tienen mucho que aprender de la experiencia y la sagacidad de los políticos que vertebraron la Transición, es decir aquella admirable operación política que supuso el trasvase desde una dictadura de cuarenta años a una democracia pluralista plena.