El Estatuto de Cataluña aprobado por el Parlamento catalán en 2005 fue sometido a referéndum en 2006. En dicha votación participó el 49,4% del censo electoral, lo que supone que más del 50% de los catalanes no ejercieron su derecho al voto. El 73,9% de los votantes dijeron sí al Estatuto. Luego, el apoyo a la norma en Cataluña no llega siquiera al 40%. Y eso que en su preámbulo se consideraba que Cataluña era una nación. Zapatero, por entonces presidente del Gobierno, dijo “apoyaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”. En sentencia de 9 julio de 2011, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales catorce de sus artículos y anuló la eficacia jurídica del término “nación” de su preámbulo. Este es el punto de arranque del denominado “procés”, del que la izquierda ha venido, ahora más que nunca, responsabilizando al Partido Popular por haber recurrido el Estatuto ante el Alto Tribunal.
Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, comenzaron las reivindicaciones soberanistas en Cataluña, instigadas desde las propias instituciones autonómicas. Así, el Parlamento catalán aprobó el 27 de septiembre de 2012 una resolución por la que se instaba a la Generalidad a celebrar un referéndum en la próxima legislatura para satisfacer “la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo”. La resolución fue aprobada por 84 votos a favor (CiU, ERC, ICV, Sí), 21 en contra (PP y Cs) y con la abstención del PSC (25 diputados). Por entonces, Rodríguez Zapatero era el Secretario general del PSOE.
El 25 de noviembre de 2012 se celebraron elecciones anticipadas en Cataluña. La fuerza más votada fue CiU con 50 escaños, pero perdiendo 12 respecto a los comicios de 2010. En segunda posición, no de votos, pero sí de escaños (21), se situó la coalición formada por ERC y Sí Cataluña, una alianza netamente independentista, que dobló los resultados de las anteriores elecciones. Por detrás, PSOE, con más votos que la citada coalición, pero con 20 escaños, y PP, con 19 escaños.
El 23 de enero de 2013, el Parlamento de Cataluña aprobó por 85 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones, la “Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, al que se le consideraba sujeto político y jurídico soberano. El PSC votó en contra. Pérez Rubalcaba era, a la sazón, secretario general del PSOE. Un año más tarde, el Parlamento catalán aprobó una resolución por la que se solicitaba al Congreso de los Diputados la delegación de competencias en la Generalidad “para autorizar, convocar y celebrar un referéndum consultivo para que los catalanes se pronuncien sobre su futuro político colectivo, en los términos que se acuerden con el Gobierno del Estado”. El 8 de abril de 2014, el Congreso de los Diputados rechazó la delegación de competencias por 299 votos en contra, 47 a favor y 1 abstención. Rubalcaba continuaba al frente de la Secretaría general del PSOE. Dimitirá tras las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014.
El 19 de septiembre de 2014, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación por 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV y CUP) y 28 en contra (PP y Cs). Pedro Sánchez ya ejercía de Secretario general del PSOE. El PSC no vota en contra (como hizo con Rubalcaba) ni se abstiene (como hizo con Zapatero). El PSOE de Sánchez apoya la Ley de consultas, que entró en vigor el 27 de septiembre. Ese mismo día, mediante Decreto de la Presidencia de la Generalidad, se convocaba una “consulta sobre el futuro político de Cataluña “ para el 9 de noviembre de 2014. Tanto la ley como el decreto fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional dos días más tarde tras la impugnación por el Gobierno central. Finalmente, la consulta prevista para el 9 de noviembre no se celebró y así lo anunció el, por entonces, presidente catalán, Artur Mas, el 13 de octubre.
En 2017, el llamado procés o movimiento independentista catalán intentó la celebración de un referéndum. Algunos ciudadanos depositaron su voto en unas urnas que ya portaban votos cuando se transportaban a los colegios electorales. Aquello resultó una farsa. Posteriormente, el presidente de la Generalidad, Puigdemont, declaró por unos segundos, y suspendió inmediatamente, la independencia de Cataluña. Varios de los dirigentes del golpe de Estado fueron detenidos, juzgados y condenados por delito de sedición y malversación de caudales públicos. El Gobierno del Partido Popular aplicó el artículo 155 de la Constitución, interviniendo la autonomía de Cataluña. Pero lo hizo de una forma que aquello parecía un querer pero no poder. Posteriormente, trascendió que Sánchez, como jefe de la Oposición, advirtió a Rajoy que no apoyaría un 155 más contundente. Ya en la presidencia del Gobierno de España, Sánchez indultó a los condenados del procés por los delitos cometidos. Tanto los miembros del Gobierno como los corifeos mediáticos han repetido día tras día que el progresismo es el único que entiende el problema catalán y que la relación entre España y Cataluña es mucho más armónica que cuando gobernaba la derecha. Claro, pedían indulto y se les daba indulto. Por eso, sus voceros se jactaban de decir que el procés está muerto. Aunque en período electoral, el sanchismo bien se cuidó de sostener que no cabe la amnistía ni el referéndum en la Constitución, y que Puigdemont debía ir a prisión.
En las elecciones generales del 23-J, el bloque de centro derecha no alcanzó la mayoría absoluta. Sánchez tenía ante sí la oportunidad de volver a ser presidente si lograba reeditar el llamado Gobierno Frankenstein, termino acuñado por Rubalcaba. Para ello necesitaba el apoyo de los siete diputados de Junts, el partido de Puigdemont. El sanchismo cambió el relato porque el indulto no era suficiente. El procés ya no estaba muerto, sino vivo y coleando. Había que aplacarlo por el interés de España porque, entonces, podría volver a sus reivindicaciones. Para no enfurecer a la fiera, hay que dejarse devorar por ella. En suma, Puigdemont ya no debía ir a prisión y, además, había que darle todo lo que pidiera, borrando de la faz de la tierra la comisión de los delitos cometidos por el procés desde 2012, incluido un golpe de Estado.
La amnistía en favor del separatismo supone para España, para los españoles y para el Estado de Derecho arrodillarse ante el soberanismo supremacista catalán. No sirve para unir el país, como miente Sánchez. Porque no es amnistía, sino impunidad. El pueblo español, incluidos los sanchistas, debe saber que éste no es rehén, sino cómplice del independentismo. Como lo fue Zapatero. Y que de aprobarse la Ley de Amnistía, lo que estará en juego es amnistía o Estado de Derecho, amnistía o igualdad, amnistía o libertad.