A veces, más importante que lo que se dice es lo que se calla. Sobre todo cuando es en lo que se calla donde se encuentra la clave para descifrar intenciones y justificar ignominias.
Ignominias como la del día de ayer, cuando en un país extranjero, con un “verificador” experto en guerrillas, terrorismo y refugiados, se pretende, bajo un manto de silencio, sustituir la representatividad de la democracia por la opacidad de los pactos ocultos.
Intenciones como la que subyace ante todo aquello que está dirigido a laminar la autoridad del Poder Judicial y hacer creer a la ciudadanía que la peor crisis es la derivada de la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuando lo terrible es que se intente amedrentar a los jueces poniendo en cuestión su independencia e imparcialidad.
Medias palabras y citas incompletas jalonan declaraciones de servidores públicos (eso son los ministros, servidores públicos, no puramente agentes de poder) cuando nos explican que en la Unión Europea la ley de amnistía es de “preocupación cero” y el caso de Cataluña un asunto interno. Menos mal que contamos con grabaciones de los debates en el Parlamento Europeo, en los que hemos visto al Comisario de Justicia afirmar que ese conflicto interno que es el caso de Cataluña debe tratarse dentro de las coordenadas constitucionales. Y menos mal, también, que la misma Comisión Europea se apresuró a clarificar que nunca se ha afirmado, en el seno de tal Institución, que la amnistía es “preocupación cero” para la UE.
Nos quieren ciegos, sordos y mudos. Todo lo contrario de lo que exigía Bobbio: ciudadanos informados y conscientes, para ser libres. Informados y conscientes porque somos nosotros quienes, con nuestro voto, conformamos las instituciones. Y porque debemos ejercer nuestras facultades críticas, fundadamente, como control y como participación en las democracias deliberativas que hoy en día tienen que afianzar todo lo que deriva del ejercicio de sus responsabilidades. No sólo tenemos que votar cada vez que se nos llame a las urnas. Tenemos, también, que defender las instituciones, los valores y los principios, con un verdadero ejercicio de ciudadanía.
Estamos muy cerca de que nuestra Constitución cumpla 45 años. Y, paradójicamente, muy lejos de los valores y las prácticas que la alumbraron. Muy lejos del consenso entre distintos. Muy lejos de la práctica de un respeto fundamentador de los acuerdos necesarios que nos permitan afrontar los retos globales. Si no regresamos a ese espíritu de la Transición, si no nos situamos en el marco de los valores de la Unión Europea, si dejamos que nuestro Estado de Derecho se siga degradando, no vamos a poder salir del marasmo en el que nos han situado con tanta ingeniería social, tanta palabrería del chantaje y tanto desprecio a la razón. Si Kant levantara la cabeza….
Porque no cuenta sólo el poder decisional del número, como intentan hacernos creer. El número, el mayor número de votos en una investidura contribuye a la legitimidad de origen. Nadie pone en cuestión la legitimidad del actual Gobierno desde esta perspectiva. Pero no sólo es el número quien fundamenta tal legitimidad, pues ésta está también condicionada por la voluntad expresada en el voto. Y tampoco nadie tiene ninguna duda respecto de que el contenido del programa de Gobierno nunca fue votado por la ciudadanía, puesto que no ha sido hasta que ello ha impregnado los pactos de investidura que ha sido puesto de manifiesto lo que se pretendía.
Con lo que se entra en la configuración de la legitimidad de ejercicio, cuando eso que nunca ha sido votado está en el centro de nuestra vida política: una amnistía a los políticos golpistas a cambio de 7 votos en la investidura y una comisión vergonzante que siente las bases de la organización territorial de España equiparándonos a democracias fallidas en las que las instituciones son incapaces de dar respuestas plausibles y se transfiere a mecanismos claramente inconstitucionales, por su alegalidad y nula transparencia, la capacidad de decidir que sólo tiene la nación en su conjunto.
La defensa de la democracia exige la articulación de mecanismos para impedir que una parte, aunque sea la mayoría, intente funcionar como totalidad. Ello es así desde Kelsen a Nohlen, Favoreu o Zagrebelsky, cuando llaman la atención de políticos e intelectuales sobre el respeto que han de tener hacia los órganos de control de la legalidad y la constitucionalidad, es decir, el Tribunal Constitucional y los jueces, tantas veces objeto de codicia del poder y tantas veces expuestos a la pérdida de independencia e imparcialidad
Porque la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, uno de los principales indicadores del respeto al Estado de Derecho, junto con la división de poderes y las garantías procesales, no sólo debe ser efectiva sino que, además, tiene que parecer que lo es. Para Krzywon, la independencia judicial constituye un elemento de suma importancia en la hipotética aplicación del art. 7 del Tratado de la Unión Europea, relativo al procedimiento de sanción por infracción de valores, a un Estado sobre el que se planteen dudas acerca de la independencia efectiva de sus jueces. Y esa independencia, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe ser interna y externa, sobre todo frente al poder ejecutivo y frente a condicionamientos que pueden ser ejercidos por medios de comunicación y redes sociales, en un empeño por “dominar el relato”, tergiversando los conceptos y sembrando dudas para desprestigiar a los jueces ante la sociedad.
No es todo ello un problema derivado de la manida ley de amnistía, como parece que pretenden que nos creamos. Todo lo contrario, de hecho, algunos de los contenidos de esa proposición de ley de amnistía no son más que la punta de un iceberg que esconde (otra vez la falta de transparencia) el intento totalitario de control sobre las instituciones y sobre el marco mental ciudadano. Porque no sólo hemos de tener en cuenta esa proposición de ley, sino el conjunto de los pactos de investidura. Ello, el ansia de control total, era propio y estaba bien claro en el ideario de esa falsa izquierda que pretendía “asaltar los cielos”. No pensábamos, ilusos de nosotros, que tal pretensión iba a impregnar la voluntad política de quienes ahora nos (des) gobiernan.
Para lograrlo no es necesario, tan siquiera, gozar de amplia mayoría política. Basta con penetrar y/o controlar las instituciones sensibles, aquellas que, como el Poder Judicial, constituyen la clave de bóveda de la defensa del Estado de Derecho, la democracia y los derechos de las personas. Publicando artículos que señalan a los jueces que consideren “díscolos”, pergeñando demandas judiciales contra ellos sabiendo que no existe base jurídica que lo fundamente pero cuya interposición será milimétricamente conducida mediáticamente para que se activen comisiones parlamentarias dirigidas a desprestigiar la acción de la justicia, cargando las tintas por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial sobre los miembros de éste sin afrontar que son precisamente los actores políticos quienes no cumplen con su labor al respecto (ni con la de cubrir la vacante que existe en el Tribunal Constitucional)…
Olvidan, todos estos corifeos de la degradación de la democracia, que, como se ha demostrado en la historia de los modelos en los que nos hemos mirado para configurar nuestras instituciones, cuanto más inútiles y refractarios se han mostrado los políticos, más han tenido que desfacer entuertos los órganos judiciales. Repasen, señores, la Historia de nuestras democracias, desde la revolución inglesa y americana. Quizás entenderán entonces la manida frase: “todavía quedan jueces en Berlín”.