La Mesa del Congreso ya calificó de forma favorable el pasado 21 de noviembre, con la mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP, la ley de amnistía tras el informe de los letrados, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad "palmarios y evidentes".
La proposición de ley de amnistía planteada por el PSOE, tras sus acuerdos con los partidos independentistas, anula la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todas aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso secesionista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.
Se aplicará no solo a los líderes de los partidos independentistas y a sus principales dirigentes, sino también a directores de colegios en los que se pusieron las urnas para el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, alcaldes, manifestantes, así como los agentes policiales que actuaron durante esa consulta, considerada ilegal por la justicia española.
La ley de amnistía excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y también quedan fuera los delitos de torturas o tratos inhumanos o degradantes previstos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, "siempre que superen un umbral mínimo de gravedad".