La nacionalización de las pensiones o el fin de la seguridad jurídica

Y la argentina de Cristina Fernández no es precisamente una balsa de aceite. La estabilidad política es puesta en jaque cada día con continuos conflictos internos, y cada vez son más los que denuncian que los Kirchner están terminando con la seguridad jurídica.

Desde que Fernández asumió el relevo de su marido, Nestor Kirchner, han sido muchos los asuntos polémicos y las crisis que han salpicado el terreno político y económico argentino. Después de la huelga del campo y la nacionalización de Aerolíneas, ahora le toca el turno al sistema de pensiones. El proyecto, que se encuentra en el Congreso, prevé el cambio del sistema jubilatorio y el final de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), entidades privadas que gestionaban hasta ahora los planes de pensiones. Las reacciones a la nueva actuación presidencial no se han hecho esperar, desatando feroces críticas entre la oposición, que rechaza cualquier propuesta de nacionalización. Mientras, Fernández trata de defender su plan, aduciendo que "no estatizará las jubilaciones, sino que cambiará la administración de los fondos". La presidenta sostiene que se trata de una medida social, pues, afirma, "si el Estado no asistiera a esos jubilados privados, el 77 por ciento tendría incompleto su haber jubilatorio". Además, asegura que el 42 por ciento del endeudamiento argentino se debe al "desfinanciamiento" que supuso trasladar pensiones al sector privado.

No obstante, la oposición no opina lo mismo. La Unión Cívica Radical (UCR) ha asumido el liderazgo contra la nacionalización de las jubilaciones y espera convertir su rechazo en el punto de apoyo para conformar una coalición opositora al gobierno de Cristina Fernández con vistas a las presidenciales de 2011. La agrupación resultante podría contar con la presencia de radicales, socialistas, izquierdistas, centro-derechistas e, incluso, con los seguidores del vicepresidente Julio Cobos, radicales expulsados en 2007. La opinión reinante entre los opositores es que la nacionalización de las pensiones es una maniobra encaminada a paliar las consecuencias tributarias de la huelga del campo y la crisis internacional. En otras palabras: que el Gobierno intenta hacer “caja” a costa de los futuros jubilados. La oposición denuncia que “entre encoger el enorme gasto público promovido por el kirchnerismo o echar mano de los fondos de jubilaciones y pensiones, el Gobierno se quedó con esta última opción”. Y perciben en cada actuación gubernamental un intento de recaudación de cara al año electoral.

Además, el desasosiego por el rumbo del país es creciente. Ya nadie duda que la presidenta ha delegado el poder absoluto del país y de la administración en su esposo. El problema es que el hombre que dirige los designios de Argentina no ocupa (de forma oficial) ningún cargo desde 2007 y, por tanto, no tiene ninguna responsabilidad formal.

Mientras tanto, los expertos están cada vez más preocupados por el futuro de Argentina, que se presenta incierto. La cuestión que todos se plantean supo formularla mejor que nadie el politólogo argentino Enrique Aguilar, colaborador de este periódico, que logró sintetizar en una frase el trágico fondo de la cuestión: “¿Quién querrá invertir en un país que manipula de este modo el derecho de propiedad y donde la seguridad jurídica no significa nada?”.