Doce mil personas se manifestaron en Pamplona contra el atropello político que significa ceder la alcaldía de la ciudad a los sucesores políticos de ETA a cambio de sus seis escaños en el Congreso de los Diputados. “Es una atrocidad pactar con los herederos de los asesinos porque nunca pidieron perdón y además ensalzan y homenajean a los terroristas etarras al salir de la cárcel”, clamaban los manifestantes.
Pedro Sánchez, sin embargo, comprendió el 23 de julio pasado que, si quería permanecer cómodamente sentado en su poltrona monclovita, tenía que pagar a todos los partidos necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. A Sumar le ha otorgado la vicepresidencia del Gobierno, varios ministros, y vaya usted a saber qué otras concesiones. Yolanda Díaz Iscariote aglutina a quince partidos de desigual alcance.
Por los catorce escaños del partido derechista Junts y del izquierdista ERC, ha satisfecho, que sepamos, una factura de 14.000 millones de euros y una Ley de Amnistía que permitirá al prófugo y golpista Carlos Puigdemont regresar en triunfo a Cataluña sin pasar por el calvario de la cárcel, el juicio, la condena y el indulto.
Aseguran los bien informados que al partido derechista vasco PNV le ha prometido suculentas cantidades en los Presupuestos Generales del Estado, directa o indirectamente. Y a Bildu, una primera entrega de la alcaldía de Pamplona, atención preferente para los presos etarras, suntuosas cantidades de dinero e, incluso, el gobierno del País Vasco si los bilduetarras pueden formarlo sumando los diputados del PSOE sanchista tras las elecciones autonómicas.
Pedro Sánchez pretende agotar los cuatro años de legislatura haciendo las concesiones que le pidan los veinte partidos de los que depende su permanencia en el poder. Durante la pasada legislatura ha demostrado extraordinaria habilidad para mantenerse en Moncloa. También lo va a intentar ahora, a pesar de que sabe muy bien que una moción de censura le puede descabalgar en cualquier momento del caballo monclovita.