María Jesús Montero ha comenzado su andadura como vicepresidenta primera del Gobierno atacando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por su "falta de liderazgo" para reformar el sistema de financiación autonómica.
"¿Tiene el señor Feijóo liderazgo dentro de su partido para promover una única posición en materia de financiación autonómica? Presumo que no", ha defendido Montero en una entrevista con EFE.
La financiación autonómica "no se puede reformar porque no hay una posición única por parte del Partido Popular", argumenta, que "en cada uno de los territorios tiene una posición contradictoria con respecto al otro" sobre cómo se financian los servicios y el peso que se da a la dispersión, el envejecimiento o la insularidad.
"Los territorios han expresado una posición de máximos", pero "no se puede construir un modelo de financiación autonómica como suma de parámetros y criterios contradictorios", sino que es necesario "que cada uno renuncie a una parte de esa posición de máximos para perseguir el modelo general".
"Yo quiero reformar el modelo de financiación de acuerdo con el Partido Popular", subraya, "me parece lógico que los partidos que tienen mayor presencia en el conjunto del territorio tengamos una posición común sobre financiación autonómica", dado que es una ley orgánica que se vota en las Cortes.
"Pero", matiza, es "un ejercicio complicado que exige de liderazgo, de la misma manera que nosotros hemos trasladado al Partido Popular que queremos tener esa posición única dentro del PSOE, el Partido Popular parece que no quiere coger ese toro por los cuernos".
"Yo me reúno con el Partido Popular mañana si el Partido Popular quiere, pero está claro que cuando se lo ha dicho el presidente del Gobierno parece que no quiere", apunta, porque prefieren seguir "dando permanentemente cera al Gobierno".
Sobre la posibilidad de que la financiación de Cataluña se afronte de manera independiente, Montero se limita a pedir que no pongan en boca del PSOE "algo que no hemos dicho" y que el objetivo es promover "un acuerdo que nos permita situar puntos de encuentro".
El Gobierno ha decidido esta semana extender un año más el impuesto sobre las grandes fortunas -que complementa el impuesto de patrimonio en las comunidades autónomas que lo tienen bonificado- y, afirma la ministra, se mantendrá hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica.
De hecho, el impuesto "ha cumplido una parte de su objetivo", ya que varias regiones lo han recuperado para evitar que los recursos vayan al Estado, y de esta manera se logra "minimizar las asimetrías fiscales que se estaban produciendo" entre las comunidades con capacidad económica para bonificarlo -"el caso de Madrid"- y las que no.
El impuesto "tiene vocación de pervivencia hasta que se reforme la financiación autonómica, donde cabrá", subraya, porque en ese debate habrá que decidir qué fiscalidad es "la adecuada para esos grandes patrimonios" sin que se produzcan "situaciones de 'dumping' fiscal".
Por otro lado, Montero ha asegurado que la intención del Gobierno "no es ser el principal accionista de Telefónica", en la que el Estado ha acordado comprar hasta un 10% del capital, sino "un accionista más" de una empresa que ha definido como "estratégica".
"La intención del Gobierno no es siquiera ser el principal accionista; es ser un accionista más dentro de Telefónica y, sobre todo, preservar los intereses de país que están muy vinculados a la defensa nacional. En ese sentido, Montero ha considerado que Telefónica está llamada a jugar "un papel trascendente" en toda la transformación tecnológica, incluido en el ámbito de la defensa, un terreno "especialmente delicado", y a ser "líder tecnológica" no solo en España, también en Europa y en el mercado internacional, porque tiene las capacidades, el conocimiento y la experiencia para serlo.
El Gobierno acordó este mes de diciembre ordenar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) adquirir hasta un 10% del capital de Telefónica, tres meses después de que la empresa saudí de telecomunicaciones STC Group anunciara que había adquirido una participación del 9,9% de la operadora por 2.100 millones de euros.
De alcanzar ese porcentaje, el Estado se convertiría en el principal accionista de la operadora, por delante del STC (que ha adquirido un 4,9% en acciones y un 5% en derivados que puede convertir en capital si cuenta con la autorización del Gobierno); el BBVA (con un 4,87%); el fondo BlackRock (4,48%) y CaixaBank, con un 3,5% directo, aunque Criteria tiene otro 2,53%.
La vicepresidenta primera ha cifrado en unos 5.350 millones de euros el coste del último paquete de medidas para combatir la inflación, que incluye un IVA de la electricidad al 10% y la gratuidad del Cercanías durante todo 2024.
En una entrevista con EFE horas antes de su nombramiento como vicepresidenta primera, Montero ha defendido que esta serie de medidas encaja en el compromiso de reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024 "habiendo demostrado que la consolidación fiscal es compatible con la política" de protección social del Gobierno.
"El margen fiscal", ha explicado, permite continuar "por un tiempo" con unas medidas que han sostenido las rentas en un entorno de precios elevados y mantener así una política que ha permitido "que el crecimiento económico no se pare".
Entre estas medidas figuran la extensión de las bonificaciones al transporte público y de la supresión del IVA para los alimentos básicos, así como otras "sin repercusión económica", como la prohibición de los desahucios.
La vicepresidenta ha reiterado su intención de que los Presupuestos de 2024, que todavía se están trabajando "al interior del Gobierno" para ajustarlos a las nuevas reglas fiscales europeas, estén en vigor a finales de marzo o principios de abril.
Antes de ello, la senda del déficit tendrá que pasar por las Cortes. "Espero que el Senado (donde el PP tiene mayoría absoluta) no ejerza la amenaza" de vetarla, ha apuntado, porque retrasaría las cuentas y perjudicaría a las comunidades autónomas al impedirles acceder a una senda de estabilidad más flexible.
En caso de que el Senado tumbe la senda de déficit propuesta, el Gobierno volverá a remitirla a las Cortes y elaborará los Presupuestos en base a los objetivos comunicados a Bruselas en abril, más estrictos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.