Giro de guión en el pleno del Congreso que votaba este miércoles los tres decretos clave que presentaba el Gobierno. El Ejecutivo de Sánchez ha logrado sacar adelante el decreto ómnibus que trataba la reforma de la Justicia exigida por Europa, vital para recibir los fondos europeos y señalado por Junts como un obstáculo para la ley de amnistía. Sin embargo, el partido catalán no ha votado y ha sido el único decreto en quedar aprobado por 172 votos a favor y 171 en contra, sin abstenciones.
El que sí ha quedado rechazado ha sido el decreto ideado por Yolanda Díaz sobre los subsidios de desempleo, que con el voto en contra de Podemos se saldó con 167 votos a favor, 176 en contra y ninguna abstención.
Por otro lado, el decreto de medidas anticrisis también salió adelante aunque con intriga. Un despiste de un diputado de Sumar propició un empate a 171 votos que obligó a efectuar una segunda votación. Con todo el mundo atento, los 172 votos a favor por los 171 en contra permitieron su aprobación en segunda instancia.
De esta manera, en un pleno frenético donde Junts primero dijo "no", la votación telemática sufrió un retraso de media hora -un tiempo de oro para proseguir con la negocación subterránea entre Gobierno e independentistas-, Podemos sentenció el decreto de la vicepresidenta en una nueva batalla de su guerra con Sumar y, finalmente, Junts acabó callando tras las nuevas prebendas, Sánchez sacó adelante dos de los tres decretos que tenía previstos.
El movimiento sorprendente del día lo ha protagonizado Junts per Catalunya, que en su intervención en el pleno por la mañana dejó claro que iba a votar "no" a los tres decretos pero que tras la votación sacó un comunicado en que explicó que su posición final se debía a un nuevo acuerdo con Sánchez.
Puigdemont logró una nueva humillación del Gobierno tras sacar la cesión integral de competencias sobre inmigración para la Generalidad, reformas de la ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la ley de amnistía y de la ley de sociedades de capital para permitir el regreso de empresas a Cataluña, un nuevo cálculo de balances fiscales, el Estado asumirá la totalidad del coste de las bonificaciones al transporte público, el IVA del aceite al 0 %, multiplicar por cinco el presupuesto para la digitalización de la administración de Justicia y "reconocer los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local".
Para ceder las competencias sobre inmigración, Junts indica que se modificará el artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica para Cataluña. Y que esta cesión irá acompañada además de finaciación y que permita a Cataluña "hacer una política integral y que sean el Gobierno y el Parlamento de Cataluña los que determinen una política propia, adecuada a las necesidades y a la realidad de nuestro país".
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, explicó que el Gobierno no ha entendido la naturaleza de los acuerdos alcanzados con Junts. En este sentido, ha vinculado la estabilidad de la legislatura a los avances de los acuerdos de Waterloo.
"Hagan los reales decretos con medidas sociales sin trampas y pactando con Junts y tendrán los votos de Junts", ha dicho Nogueras en su primera intervención en la sesión plenaria del Congreso que este miércoles se celebra en el Senado.
"No tienen mayoría, los acuerdos no pueden ser a posteriori", ha explicado, "han presentado los decretos en Consejo de Ministros sin tener un acuerdo cerrado con Junts; es entonces cuando tendrían que haber pensado en los ciudadanos, antes de presentar los decretos en Consejo de Ministros".
Explica así la portavoz de Junts cómo debe funcionar a partir de ahora la iniciativa legislativa del Ejecutivo. Todo lo que necesite los votos del partido de Carles Puigdemont debe ser supervisado previamente, en Waterloo, por el prófugo de la Justicia.
El movimiento de Junts habría permitido también al Ejecutivo sacar adelante su decreto para reformar el subsidio de desempleo, ideado por Yolanda Díaz. Pero el voto en contra de los cinco diputados de Podemos acabó con el rechazo del mismo, lo que desató las críticas de la líder de Sumar.
"Si uno vota con Vox para que los parados no perciban casi 600 euros al mes y no ampliemos los colectivos beneficiados se hace eco de un planteamiento político de la extrema derecha", ha dicho Díaz en declaraciones a Onda Cero.
"En la política hay que rendir cuentas, con las cosas de comer no se juega", ha asegurado la vicepresidenta, que ha contado que se ofreció a Podemos enmendar la reforma del subsidio durante su tramitación como proyecto de ley.