Esta semana inició de manera formal la campaña electoral para votar el primer domingo de junio de este año por un nuevo presidente mexicano de la República para el periodo octubre de 2024-septiembre de 2030, además de relevar en urnas a más de 2,000 posiciones electorales, entre ellos las dos cámaras legislativas federales.
La competencia adquirió una relevancia mayor por la configuración de un bloque político conservador, liderado no por los partidos de centro-derecha, sino por corrientes de ciudadanos sin militancia partidista con ideología furiosamente contraria al populismo del presidente López Obrador.
México ha pasado por crisis políticas que derivaron en lo que parecía imposible hacia finales del siglo pasado: la derrota del PRI en las urnas y el ascenso a la presidencia de la República de políticos de signo contrario; todavía resonaban en las elecciones del 2000 aquellas furiosas palabras del todopoderoso líder sindical de la CTM --varios millones de trabajadores organizados--, Fidel Velázquez, de qué “a balazos ganamos el poder y a balazos nos los tienen que quitar”.
En julio del 2000, el candidato del partido derechista PAN consiguió en las urnas una ventaja de 7 puntos porcentuales y el presidente de la República, Ernesto Zedillo, se negó a autorizarle a los priistas la utilización de última hora de mecanismos de fraude electoral sobre todo con urnas provenientes de las zonas rurales y el PRI tuvo que aceptar su derrota y entregar la presidencia de la República.
México ha tenido varias alternancias partidistas en la presidencia: la de 2000 hacia el PAN, la de 2012 que le regresó la presidencia al PRI y la de 2018 que significó la victoria del expriista López Obrador con un partido político propio.
Esto de las alternancias tiene sus espacios oscuros. En México se buscó durante mucho tiempo no solo una alternancia, sino una verdadera ruptura democrática qué significará un cambio del sistema político/régimen de gobierno/Estado constitucional, es decir, una profunda transición de estructuras políticas y de gobierno que cambiarán las formas de hacer política.
El sistema/régimen/Estado en México fue fundado por la Constitución de 1917 que redactaron las fuerzas beligerantes de la Revolución Mexicana estallada en 1910. Es decir, el régimen priista mexicano --aún sin el PRI-- se configuró en la Constitución como andamiaje fundamental del Estado mexicano. Los gobiernos de alternancia de Fox y Calderón por el PAN y de López Obrador por Morena no cambiaron la estructura de régimen político priista de la Constitución; al contrario el PAN y Morena se montaron sobre las estructuras autoritarias de la Constitución priista, cambiando solamente los contenidos programáticos por las corrientes de alternancia.
La continuidad del régimen priísta se ha mantenido en ciclos opositores en cuanto menos tres espacios fundamentales de funcionamiento del Estado: el perfil de bienestar social como prioridad de gobierno, el modelo económico de neoliberalismo de mercado transnacional y la permanencia del poder presidencialista como el dinamo político, económico y social.
Esta continuidad se ve muy clara en el 2000. Las corrientes populistas del PRI le habían cerrado las puertas a los precandidatos presidenciales de Zedillo porque el partido había impuesto el candado de un cargo previo de elección popular para los aspirantes y las dos figuras zedillistas de continuidad neoliberal --Guillermo Ortiz Martínez y José Angel Gurría Treviño-- carecían de esa exigencia, lo que obligó al presidente saliente a designar como candidato al burócrata Francisco Labastida Ochoa. Zedillo aceptó la victoria de Fox en el momento en que el candidato panista se comprometió al designar a un secretario de Hacienda que respondiera al proyecto neoliberal de desarrollo: Francisco Gil Díaz, considerado en México como el jefe de los Chicago boys mexicanos e inclusive en algún momento profesor adjunto de Milton Friedman.
La continuidad del proyecto neoliberal ha garantizado los movimientos pendulares de la política, porque el modelo económico ha dependido de ministros de garantizada formación liberal, como el secretario de Hacienda del Gobierno panista de Calderón, Agustín Carstens, quien fue desplazado de su cargo de subdirector gerente del FMI --el aparato de imposición de políticas neoliberales-- para hacerse cargo de la política económica mexicana.
El presidente López Obrador ha logrado un precario equilibrio entre los compromisos neoliberales y sus programas de populismo asistencialista, definiendo un modelo mixto que pudiera considerarse como neoliberalismo populista o tecnopopulismo: cumplir con las exigencias de estabilidad macroeconómica basadas en el control del circulante monetario y reasignar gasto público --no nuevo y por lo tanto no como factor inflacionario-- para atender prioridades sociales, es decir, tapando un hoyo pero destapando otro.
La competencia presidencial de este año entre dos figuras de dos grupos diferentes no está involucrando ninguna redefinición de pensamiento económico estabilizador ni de abandono de la condicionalidad del FMI. La candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo mantendría la continuidad de la estrategia de López Obrador de no aumentar el circulante monetario y sólo reasignar gasto de un sector a otro y la candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz menos se saldrá del neoliberalismo porque su principales grupos promotores provienen de esa corriente económica que tomó el poder político en México en 1982.
En todo caso, el dato más importante que sobresale en la competencia electoral mexicana es el de la victoria de López Obrador con su candidata o su derrota si la oposición logra ampliar su base electoral aceptores populares hoy dependientes del asistencialismo lopezobradorista. El estilo personal y centralista de gobernar del presidente López Obrador ha generado una corriente social de repudio que ha invadido con pasión el ánimo político-electoral, aunque todas las encuestas en promedio le otorgan 60% de votos a la candidata lopezobradorista y 30% a la opositora, con una polarización política qué difícilmente pudiera modificar la distribución previsible de los votos.
Lo significativo de la elección presidencial de México no es si gana una candidata u otra, sino si la corriente opositora logra romper la continuidad de López Obrador por otros seis años.