Nada y menos. Eso ha tardado Bruselas en abandonar la propuesta del todavía presidente de turno de la UE, Pedro Sánchez, de reconocer el catalán como lengua oficial de la UE, una de las muchas monedas con las que el socialista ha tratado de comprar el apoyo de ERJ y Junts a su investidura.
El Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrará su primera reunión del año el próximo 29 de enero bajo la presidencia belga, marcando el fin de la presidencia española, que tuvo una destacada insistencia en incluir el reconocimiento del catalán, junto con el gallego y el euskera, en el reglamento del régimen lingüístico de la UE. Este viernes se ha sabido que la agenda para esta próxima reunión, publicada este viernes, no incluye la solicitud del Gobierno de Sánchez de incorporar estas lenguas en el marco lingüístico de la UE.
Durante la presidencia española, el Gobierno de Sánchez forzó la inclusión de este asunto en cuatro reuniones, generando sorpresa entre algunos socios y enfado en la oposición, que criticó que se tratase de un "proyecto particular" y no de interés europeo. A partir del 1 de enero, Bélgica asumió la presidencia y la capacidad de decidir el orden del día, excluyendo la solicitud de reconocimiento del catalán en la próxima reunión.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha minimizado la falta de acuerdo sobre el catalán, señalando que otros casos similares, como el reconocimiento del gaélico por parte de Irlanda, llevaron tiempo. Sin embargo, la exclusión del catalán de la agenda del Consejo de Asuntos Generales del 29 de enero indica que la cuestión aún no está madura para llegar a un acuerdo formal.
Desde el inicio del debate en septiembre, la mayoría de los Estados miembros han expresado reticencias al reconocimiento del catalán debido a las posibles repercusiones políticas, jurídicas, económicas y prácticas que podría conllevar. El temor al 'efecto contagio', donde otras lenguas regionales europeas podrían exigir el mismo estatus, ha sido una preocupación clave. Además, la Comisión Europea ha evaluado preliminarmente el costo financiero en 132 millones de euros al año para reconocer las lenguas cooficiales españolas, un compromiso que el Gobierno de Sánchez se ha comprometido a sufragar con fondos nacionales, a diferencia de las otras lenguas oficiales financiadas por el presupuesto comunitario.
En la última reunión de diciembre, la presidencia belga se comprometió a seguir trabajando sobre la solicitud española, prestando especial atención a los análisis de las implicaciones jurídicas, políticas y prácticas solicitados por los Estados miembros. Sin embargo, la ausencia del tema en la agenda del 29 de enero sugiere que la cuestión aún enfrenta obstáculos significativos para alcanzar la unanimidad necesaria para cambiar el reglamento de la UE.
Desde que se trató por primera vez la oficialidad del catalán en la UE en septiembre pasado, varios países han expresado dudas, tanto políticas como económicas y burocráticas. La incertidumbre sobre el aumento de las lenguas oficiales de 24 a 27, incluyendo el catalán, el euskera y el gallego, ha sido un punto de preocupación. Bruselas ha cifrado en 132 millones de euros el costo de incluir estas tres lenguas, pero la Comisión Europea insiste en que es una "evaluación preliminar" y que un cálculo más preciso solo será posible con una posición formal del Consejo de Asuntos Generales de la UE.