Que Carles Puigdemont no sería fácil de contentar es algo que no pilla por sorpresa a nadie. La ley de amnistía, clave para que el prófugo regrese triunfante a España sin poder ser aprehendido por sus delitos contra la nación, constituye una buena muestra de hasta qué punto está dispuesto a llegar el líder de Junts a fin de forzar a Pedro Sánchez, amén de sus siete diputados, esenciales para que el socialista continúe en La Moncloa.
Apurando al máximo los plazos, Junts ha presentado este martes una batería de enmiendas (12, en concreto), a la proposición de ley con que el PSOE trata de 'devolverles el favor'. Según los separatistas catalanes, el objetivo de su propuesta es que la norma "incluya todos los casos de persecución del independentismo sin excepciones", "que sea aplicable en toda su extensión" y "que tenga efectos inmediatos".
En otras palabras, que el olvido penal beneficie desde ya no solo a los responsables políticos del 1-O, sino también a los investigados de Tsunami Democràtic (como el propio Puigdemont o la, también fugada dirigente de ERC, Marta Rovira), así como a los CDR acusados de terrorismo.
"Para conseguir que el ámbito objetivo de esta amnistía abarque al mayor número posible de ciudadanos perseguidos por su militancia o cercanía con el independentismo catalán, ha de retirarse de las exclusiones de la Ley los actos tipificados como delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos castigados en el Capítulo V del Título XXII del Libro II del Código Penal y los actos tipificados como delitos de terrorismo", señala el texto de Junts.
Con su habitual retórica victimista, Junts considera que las enmiendas para que el terrorismo no quede excluido resultan "del todo convenientes" a raíz "del uso indebido que se hace del Código Penal y de los instrumentos del Estado para perseguir a los independentistas catalanes". Y recuerda, asimismo, la reactivación de procesos "que se asumía que estaban destinados al sobreseimiento" una vez se hizo pública la ley de amnistía, en una alusión directa al caso de Tsunami Democràtic y a la imputación por terrorismo de Puigdemont el pasado mes de noviembre.
En las enmiendas, JxCat también incorpora a la amnistía los delitos contra la comunidad internacional para "cumplir con los cánones internacionales en esta materia" y sacar de la amnistía los casos de terrorismo ya que consideran que "presentaba visos de inconstitucionalidad" por la manera en la que estaban redactados.
Por otro lado, Junts ha presentado dos enmiendas técnicas: una que amplía el marco temporal de la amnistía hasta el 2 de noviembre de 2011 y otra referente a los casos ante el Tribunal de Cuentas, con el fin de que queden "extinguidas las responsabilidades civiles y contables".
Por otro lado, Junts quiere evitar posibles retrasos en la aplicación de la amnistía y, para ello, ha registrado enmiendas para que la presentación de recursos de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales a la justicia europea no impidan levantar medidas cautelares u órdenes de detención y prisión, aunque el proceso quede en suspenso.
Según explica el grupo en sus enmiendas, el fin de la ley es "abordar, en aras del interés general y en el marco del Estado de Derecho, las circunstancias políticas excepcionales del denominado proceso independentista", lo que requiere, a su juicio, una aplicación "efectiva e inmediata" de la norma.
En su opinión, es necesario dejar claro que posibles y "anunciadas" cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales no afectarán a la obligación inmediata de levantar las medidas cautelares activas cuando entre en vigor la ley. Con este objetivo, plantea reformar el artículo 4 de la proposición de ley de amnistía que registró el grupo socialista e incluir dos nuevas disposiciones adicionales.
En una de ellas establece que, aunque se suspenda un proceso cuando un juez presente una cuestión de inconstitucionalidad, se seguirán levantando las eventuales órdenes de detención, prisión o procesamiento que estén en vigor y otras medidas restrictivas de derechos.
Esas medidas también deberían levantarse en el caso de que un juez recurriera a la "vía excepcional" que ha abierto la jurisprudencia europea y decidiera que la ley de amnistía es inaplicable porque es incompatible con el derecho comunitario, añade Junts, que reconoce que es "muy improbable" que ello ocurra, "pero no imposible".
Pese al aparente desacuerdo, desde Junts indican que "se ha emplazado con el resto de grupos favorables a la ley a seguir trabajando hasta su aprobación definitiva para mejorar el texto". En circunstancias normales las pretensiones de esta formación, que obtuvo el 1,6% de los votos el pasado 23J, serían ignoradas sin vacilar por el PSOE. Sin embargo, dada su debilidad parlamentaria, los socialistas necesitan esos siete votos postconvergentes para sacar adelante la legislatura y Puigdemont es muy consciente de ello.
Sin acuerdo con Junts, el grupo socialista, Sumar, ERC, EH-Bildu y BNG han registrado otras nueve enmiendas "técnicas" a la proposición de ley de amnistía para mejorar "aspectos no esenciales" de la norma e incluir, por ejemplo, que no se puedan amnistiar delitos contra la comunidad internacional, como el genocidio.
Superado el plazo para la presentación de enmiendas, estos grupos han difundido un comunicado en el que insisten en la "enorme solidez jurídica" de la proposición registrada en su día por el PSOE, "totalmente ajustada a nuestra Constitución", y explican las mejoras que plantean con unas enmiendas que, apuntan, han sido trabajadas también con otras formaciones.
Con sus propuestas, diseñadas por juristas de los grupos parlamentarios, plantean excluir de la amnistía los delitos contra la comunidad internacional, delimitar con claridad que todos los actos amnistiados son hechos producidos durante el proceso independentista o reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la norma, explican.
La proposición de ley, por ejemplo, amnistiaba actos de desconsideración y crítica a las autoridades y funcionarios públicos; ahora se añaden también los "agravios" y se incluyen los actos llevados a cabo a través de medios de comunicación, internet y redes sociales, y en el marco de actividades "educativas".