Colombia: la violencia como espectáculo

El taxista, que diariamente hace el trayecto desde el centro de Bogotá, la capital de Colombia, hasta el aeropuerto, les suele preguntar a sus pasajeros extranjeros qué piensan de su país. Pero, en este caso, se adelanta a la respuesta. Dice que hace unos años la ciudad era mucho más violenta, que las playas del Caribe estaban prohibidas para los viajeros y que a nadie se le ocurría hacer turismo por acá. Pero que ahora, por suerte, las cosas van mejor. Suena Uribista -él no lo reconoce- y concluye: “Al parecer las FARC andan debilitadas, ¿no vio en televisión lo de la fuga de Lizcano?

El hombre da precisamente en la clave: la espectacularización del conflicto como estrategia política. Como herramienta de formación de una opinión pública que, condensada en la voz de este taxista, necesita creer que la violencia, el enfrentamiento por el control del narcotráfico, el drama de los desplazados, desaparecidos y secuestrados, las ejecuciones extrajudiciales y este contexto sangriento que define a Colombia desde hace más de cuarenta años, puede llegar a un fin. Pues eso es lo que nos muestra la televisión.

Se sabe que la opinión pública en rigor es la opinión publicada. De ahí que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez aproveche todos los acontecimientos –algunos, sin duda, alentadores en este proceso de desarme del conflicto armado- para consolidar su perfil de “pacificador del país”. Durante los últimos días, a las imágenes eufóricas del ex congresista Oscar Tulio Lizcano que logró escaparse de la selva gracias a la ayuda de un guerrillero desertor después de ocho años de cautiverio, se le sumaron superproducciones respaldadas por canales prestigiosos como Discovery Channel y NatGeo que, con una rapidez asombrosa, produjeron documentales acerca de la fuga de Jhon Frank Pinchao y de la operación Jaque –la que liberó a Ingrid Betancourt- respectivamente.

Entonces, cualquiera que llegue a Colombia y encienda la televisión para tener una idea de la actualidad de este país tan complejo, se encontrará con estas producciones que, por alguna razón, prefirieron retratar casi de manera romántica, el heroísmo de sus protagonistas. No hay duda de que la emoción de los que intervienen y la magnitud de los hechos es genuina. Pero en medio de esa emoción se cuelan signos que para los más avezados implica un mensaje claro: no fue casual que Ingrid Betancourt bajara del avión vestida con ropa de fajina del ejército colombiano. Todo un símbolo del “éxito” militar.

¿Está mal? No, todos los gobiernos capitalizan sus logros. O las debilidades ajenas. Es parte de la política, que no tiene a la modestia como uno de sus valores. Pero hay que preguntarse qué sucede cuando eso se convierte en propaganda política. Y aquí “propagada” está usada en el sentido ideológico del término: un mensaje disuasivo y distorsivo para desviar la atención de otros temas.

Porque sin ser cínicos –sería imperdonable en este contexto- la fuga del congresista pone de manifiesto, sí, que las FARC están debilitadas: este año, a la muerte de los líderes Raúl Reyes y Manuel “Tirofijo” Marulanda, se le sumaron cientos de deserciones. Pero cuando uno indaga un poco más, se da cuenta de que este hecho funciona como una bocanada de aire, un respiro, para un gobierno que tiene en jaque todas sus instituciones –excepto, quizás, la alta justicia-, debido a una medida que, paradójicamente, debía fortalecerlo.

Con la intención de desmovilizar a los paramilitares (los grupos armados ilegales que surgieron para combatir a la guerrilla en los noventa pero que trocaron en organizaciones criminales de narcotráfico, responsables de miles de asesinatos en el país), en 2005 se dictó la Ley de Justicia y Paz . Con la sanción de la norma, a estos grupos se les otorgaba un régimen judicial especial con penas mínimas, más allá de las atrocidades que hubieran cometido. Cientos de paramilitares se presentaron al proceso y, algo que probablemente Uribe no previó, empezaron a hablar. A hablar mucho. Así estalló lo que hoy se conoce como el escándalo de la parapolítica: la comprobación de los vínculos entre los paramilitares y decenas de funcionarios. Para algunos, la peor crisis política desde 1948, cuando asesinaron al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán y se inauguró el periodo conocido como "La Violencia".

Al 1 de octubre de este año, la Fiscalía General de Colombia tenía una lista de 506 funcionarios públicos investigados, entre ellos Mario Uribe, primo del presidente y principal aliado político, acusado por instigación al delito y vínculos con el paramilitarismo. Curiosamente, este ex senador fue uno de los ponentes en la confección de la ley de desmovilización. Pero eso no es todo. En la última semana, la crisis institucional se amplió en dos flancos altamente sensibles: el DAS (el Departamento Administrativo de Seguridad, el equivalente a la CIA) y el Ejército Nacional.

Bautizado como el “Water-Polo” –en obvia alusión al Watergate-, el escándalo que involucra al DAS se desató cuando un legislador del partido opositor POLO –alternativa al bipartidismo dominado por liberales y conservadores- dio a conocer unas circulares del organismo de inteligencia en las que se ordenaba el espionaje de los miembros de su partido para comprobar conecciones con grupos ilegales y con testigos contra el gobierno. Uribe trató de despegarse del escándalo sugiriendo que se trataba de una operación para perjudicarlo.
Pero mientras trataba de salir indemne del Water-polo, otro escándalo, con mayor repercusión mundial, estallaba. Se trata de las ejecuciones extrajudiciales que su Ejército, aún hoy, sigue cometiendo. A fines de octubre, una comisión gubernamental comprobó lo que desde hace un tiempo se conocía como “falsos positivos”: la desaparición de personas que luego aparecían muertas, supuestamente caídas en combate, a kilómetros de sus lugares de residencia. En rigor, se trataba de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército que pretendía sumar bajas para justificar su trabajo o, simplemente, para hacer una suerte de limpieza social. De ahí que las víctimas en la mayoría de los casos no fueran guerrilleros sino, simplemente, pobres.

Uribe, con una rápida y afortunada medida, pasó a retiro a 27 militares, entre ellos tres generales, cuatro coroneles y siete tenientes coroneles. En tanto la Procuraduría está investigando a 2742 miembros del Ejército. Si bien hay que reconocer que la purga fue una decisión loable, el hecho de que el 10 por ciento de la Fuerza esté bajo investigación, es una situación de por sí desestabilizadora.
Pero de esto no hay documentales. La corrupción no se ve por televisión. Tampoco las muertes sin razón a manos del Ejército. Quizás, cuando Colombia haya superado esta etapa que parece interminable, se filmen. Ojalá no sean como parte del espectáculo, sino como prueba de una historia que no se debe repetir. Como parte de la memoria de un país.

*(Es periodista del diario Crítica de la Argentina. En octubre pasado participó en un encuentro de periodistas en Colombia)