La Comunidad de Madrid recurrirá ante la Audiencia Nacional la Orden Comunicada de la ministra de Sanidad, Mónica García, a principios de año, y que estableció medidas por el incremento de infecciones respiratorias agudas, entre ellas la obligatoriedad del uso de mascarillas en recintos sanitarios asistenciales (hospitales y centros de Atención Primaria). La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha dado cuenta hoy al Consejo de Gobierno de la encomienda de este procedimiento legal a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para interponer un recurso contencioso-administrativo.
Esta acción del Gobierno regional coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de la orden con la que entra en vigor la rebaja a recomendable su uso en los hospitales y centros de salud. La medida se adopta por la mejora en la región, y por segunda semana consecutiva, de los datos de incidencia de la gripe, COVID y otras enfermedades respiratorias.
El Ejecutivo autonómico recurre ante la Audiencia Nacional por dos razones, explica en un comunicado. La primera es que entiende que el Gobierno central tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las Comunidades Autónomas, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "Esto no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia del COVID-19 y es un requisito que exige la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Así, 48 horas después de la celebración del Pleno del CISNS, que tuvo lugar el pasado 8 de enero, la ministra de Sanidad emitió su Orden Comunicada".
Por otra parte, el Gobierno regional considera que la situación de urgente necesidad que alegó el Ministerio de Sanidad "no existía": la propia orden no hace referencia a una situación epidemiológica distinta en lo referente a infecciones
respiratorias agudas a las de años anteriores, ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios.
Además, la Comunidad de Madrid considera que, si la situación hubiera sido de este alarmante calibre, la orden se podría haber dictado el mismo día 4 de enero. La Administración autonómica sostiene que esa calificación sólo actúa para justificar una medida de tal magnitud sin contar con los consejeros de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas.