Los inesperados resultados de las elecciones generales del pasado mes de julio han sumido al PP en un profundo grado de estupefacción del que todavía parece no haber despertado. Más allá de las posiciones partidistas, lo cierto es que, desde el punto de vista de los que defendemos España y el interés general (que no debe confundirse con una suma de intereses particulares) la situación es preocupante. La dilución de la soberanía nacional, el ataque constante al Estado de Derecho, la usurpación de las instituciones, la inanición intelectual de los protagonistas, el incumplimiento de la ley y de la Constitución, entre otras lindezas, conllevan una pérdida continuada de los niveles de Democracia y de Libertad mínimamente exigibles para la ciudadanía. Frente a ello, la política de la oposición no parece pasar de la confrontación en las instituciones – indispensable- unida a esporádicas manifestaciones callejeras gestionadas con mejor o peor fortuna.
Sin embargo, si efectuamos un estudio aparente – y amplio- de los resultados de las últimas contiendas electorales, el PP en particular y la derecha en general disponen de una abrumadora mayoría en el poder territorial: municipios, grandes municipios, provincias y Comunidades Autónomas. El PP gobierna en doce CCAA y en la capital de España y el Psoe únicamente en 3. Cataluña y País Vasco, desgraciadamente, siguen en poder de los enemigos del Estado. La separación de CCAA por su orientación política no debemos tomarla como un ejercicio de sectarismo partidista sino como la constatación de lo que son gobiernos autonómicos leales al proyecto constitucional. De hecho, si hacemos caso a las manifestaciones de sus gobernantes, también la Comunidad de Castilla la Mancha debería ser agregada al bloque afecto a la monarquía parlamentaria, dejando únicamente dos comunidades uniprovinciales, Asturias y Navarra, bajo el influjo del peronismo sanchista.
En tales circunstancias, ¿es viable la organización de un proyecto coordinado de esos poderes territoriales que permita la constatación de una alternativa de políticas públicas eficaces, respetuosa con los valores democráticos y con la idea de España? Obviamente entendemos que sí. Entendemos que es una oportunidad histórica de sumar en lo que nos une, generando un proyecto de progreso y mejora, en contraste con la degeneración y la miseria moral del sanchismo. Es más, entendemos que es una obligación que esos dirigentes territoriales deben a los españoles.
La reciente noticia en prensa de que las CCAA gobernadas por el PP impulsan una selectividad única o coordinada nos enseña el camino, aunque no es suficiente. Las CCAA referidas deberían de constituir un Organismo Administrativo – abierto a cualquier otra Comunidad que se quiera sumar- de políticas igualitarias y de coordinación como contraposición al enfrentamiento y la división que genera el gobierno central.
Imaginemos dos campos estratégicos de mejora, por poner un ejemplo: Sanidad o Educación. Imaginemos una coordinación voluntaria de CCAA que implantan una única tarjeta sanitaria española en sus territorios, que permite el libre desplazamiento entre ellas y con el acceso directo al historial del paciente. Lo mismo en Educación, con un programa común de estudios, mismo sistema educativo, libre circulación de los alumnos y, por qué no, los docentes. ¿Nos damos cuenta del avance? ¿cómo van a justificar las otras CCAA ante sus ciudadanos quedarse fuera de esta mejora?
Las posibilidades de aplicar nuevas iniciativas que superan para mejor el actual marco regresivo-feudal son múltiples: libre circulación de funcionarios, políticas fiscales coordinadas, validez de trámites administrativos, etc. Todo ello de manera voluntaria y coordinada; todo ello bajo el paraguas de una única Marca, española, que transmita los valores de la unidad, la igualdad y la legalidad.
Esa Marca no debe limitarse a ejecutar sus competencias en los territorios controlados bajo sus CCAA. Ese Ente nuevo de agregación y progreso debe impulsar sus políticas tanto en el resto de regiones como allí donde habitan españoles discriminados en sus CCAA. Nada impide crear fundaciones que promuevan la cultura española y sus instituciones en las zonas del territorio nacional en que está siendo atacada y vilipendiada. Las CCAA regidas por gobiernos constitucionalistas deben financiar dichas iniciativas y a las organizaciones que luchan y defienden los valores de España y de la Democracia en las zonas en que hoy prevalece la hora oscura. Nada impide que una Fundación perteneciente a ese Ente u Organismo antes mencionado financie e implante escuelas en Cataluña para que sus ciudadanos desplazados y los residentes que lo deseen puedan estudiar en español y con un programa de estudios que respete el orden constitucional. ¿Por qué no se hace? ¿Hay otras prioridades en estos momentos de tribulación para el país? No parece que debiera haberlas.
Las posibilidades de avance de las CCAA gobernadas por el PP son infinitas, su responsabilidad es inmensa. Los ciudadanos, todos, debemos de animar a nuestros dirigentes territoriales a ir más allá de la mera ejecución funcionarial de sus competencias administrativas; debemos de exigirles la asunción del papel político que les corresponde en defensa de la Libertad y de la Monarquía Parlamentaria.
Es la hora de la política con mayúsculas, es la hora de la luz, es la hora de España.