El prófugo Carlos Puigdemont exige regresar a Cataluña en triunfo. El juez García-Castellón exploró en la Ley de Amnistía, por Junts redactada y aprobada, resquicios que permitirían procesar al golpista, el cual ordenó a su partido que la votara en contra, con el propósito de renegociarla y que Pedro Sánchez se someta una vez más al chantaje de los secesionistas catalanes. Ha jugado un órdago y veremos cómo le sale puesto que, si aprueba las nuevas correcciones, Pedro Sánchez se instalará de rodillas ante la opinión pública en el más profundo descrédito personal.
El posible terrorismo y el presunto delito de alta traición por el acuerdo con Putin, desvelado por la inteligencia de Estados Unidos, han convertido a la Ley de Amnistía, según los dirigentes de Junts, en una trampa que pondría a Puigdemont a disposición de la Justicia si regresara a España. El problema consiste en que el no de Junts sitúa a Pedro Sánchez en una penosa postura de humillación. Son muchos los que apuestan a que el presidente sanchista se someterá al nuevo chantaje con el fin de que el prófugo apruebe los Presupuestos Generales del Estado. Varios analistas cercanos a Moncloa creen, sin embargo, que el nuevo órdago es inaceptable y que Pedro Sánchez puede dar continuidad a la legislatura con Presupuestos prorrogados.
Lo que ha demostrado el despropósito de ayer en el Congreso de los Diputados es la fragilidad del Gobierno y la situación de extrema debilidad en que se encuentra su presidente. Junts, partido de centro derecha, no es un aliado del PSOE. Circunstancialmente, para eludir cárcel, juicio y eventual indulto de Puigdemont, ha votado la investidura de Sánchez. Está claro que, a lo largo de la legislatura, se reproducirán nuevos chantajes que fragilizarán la estabilidad de España.