Entre cinco y seis millones de personas han ingresado a territorio estadounidense en los últimos seis años sin cumplir con los requisitos migratorios obligatorios, han comenzado a hacinar ciudades consideradas --en otras circunstancias-- como santuario de derechos humanos de perseguidos y se estarían colocando como un factor importante en la elección presidencial de Estados Unidos de noviembre próximo.
Como país de migrantes, Estados Unidos se forjó con dos vertientes llegadas de Europa en los siglos XVI y XVII: ingleses y alemanes, en el siglo XVIII arribaron grandes contingentes procedentes de Africa y a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se reconfiguró la comunidad hispana sobre todo de mexicanos que se quedaron a vivir en Estados Unidos después de la toma de media República de México que abarcaba los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, California y parte de Colorado.
En los últimos diez años se ha detectado un flujo constante de migrantes llegados de países al sur de México, sobre todo de aquellas naciones latinoamericanos y caribeñas que han resultado impactadas de manera negativa por crisis económicas y sobre todo por una ola de violencia del crimen organizado contra comunidades urbanas y rurales.
En el análisis del problema migratorio de Estados Unidos no debe de faltar el enfoque de un factor determinante: la configuración de bandas del crimen organizado que se dedicaban al contrabando de productos, alcohol, armas y drogas y que encontraron el gran negocio en el tráfico de personas. Y se trata, en efecto, de un negocio seguro: no requiere de laboratorios para procesar droga, ni de grandes extensiones de tierra para sembrar marihuana y amapola, ni de contingentes armados para vigilar la venta y tráfico de sus productos; el contrabando de personas se cobra en efectivo, en el momento y los que buscan cruzar de manera ilegal en la frontera pagan hasta tres, cuatro o más veces por ser ingresados a territorio americano.
Los contrabandistas de personas pueden ser considerados como un cártel: la conjunción de diferentes grupos delictivos que imponen reglas en el mercado humano de tráfico de personas, determinan precios específicos a quienes quieren incorporarse a la economía estadounidense y controlan la demanda, el traslado y el asentamiento irregular en EU.
Las bandas conocidas como polleros --asumen a las personas como pollos que hay que trasladar de un lugar a otro-- siempre han existido a ambos lados de la frontera México-EU, aunque en los últimos tiempos se han sofisticado en verdaderas estructuras de poder que son responsables de buena parte de la violencia, de la corrupción de funcionarios de ambos países y del aumento del flujo de personas, sólo que con la circunstancia agravante de que hoy muchos de esos grupos delictivos se han convertido en empresas sofisticadas para cruzar personas de manera ilegal y entregarlos a bandas del crimen organizado vinculados al narcotráfico.
Los gobernantes demócratas de Estados Unidos de principios del siglo XXI se percataron que la migración se perfilaba como un grave problema de seguridad nacional, en tanto que flujos migratorios no investigados estaban entrando de manera masiva territorio americano, sobre todo vinculados a las comunidades hispanas ya asentadas dentro de Estados Unidos.
Hasta el Gobierno de Barack Obama hubo una especie de sensibilidad social para no asumir a los flujos migratorios desde el punto de vista de la inseguridad interna e inclusive todavía Obama tomó decisiones para proteger a migrantes sin documentación legal que ya estaban dentro de Estados Unidos incorporados el sistema educativo.
La crisis de percepción de los migrantes como un grave problema de seguridad interna estalló en 2015 cuando el entonces candidato presidencial republicano Donald Trump se encontró con la preocupación de residentes estadounidenses sobre la llegada sin control de migrantes y se basó en documentación oficial que se había encontrado con el hecho irrefutable de que una parte de la inseguridad pública dentro de EU estaba asociada actividades delictivas de migrantes sin documentación legal. Como parte de su campaña en busca del voto conservador, Trump asumió un discurso estridente de criminalización de los migrantes hispanos.
La pandemia y un ciclo de violencia en países al sur del río Bravo fue aprovechada por bandas delictivas articuladas al contrabando de productos y drogas y en ese momento, 2020, se detectó un incremento sobresaliente del flujo de migrantes ilegales que estaba entrando a Estados Unidos. En solo cuatro años y por la dimensión y número de migrantes que habían entrado y estaban entrando en masa a territorio americano sin que las estructuras migratorias pudieran regular el flujo, millones de personas se asentaron dentro de EU.
Los Angeles, San Francisco, Chicago y de manera sobresaliente en Manhattan y el estado de Nueva York, todas ellas ciudades santuario de derechos humanos, fueron desbordadas por población de migrantes no legales y por tanto sin capacidad para incorporarse al sistema productivo, pero generando presiones sociales y de seguridad urbana que ningún presupuesto de los condados ha tenido capacidad para atenderla.
El problema se ha agravado por dos razones: la política, en tanto que los gobiernos demócratas carecen ya de capacidad legal para gestionar la presencia de migrantes ilegales y está llegando ya al punto de tener que expulsar de manera masiva aquellos que no puede absorber; y la social, en tanto que las estructuras presupuestales-legislativas no tienen capacidad para programarse específicos de asimilación.
Como precandidato dominante, Trump sigue poniendo el tema político de la migración y el principal precandidato demócrata Joseph Biden ha tenido que endurecer la política migratoria y su última propuesta legislativa ya ha asumido la realidad dramática de amenazar con cerrar la frontera.
Más que en 2020, en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 el tema migratorio asociado a la seguridad interna de EU estaría siendo determinante en la votación del próximo habitante de la Casa Blanca.