Se puede coincidir con la ideología de Carmen Calvo o se puede discrepar de ella. Pero la objetividad exige reconocer la calidad profesional, el prestigio jurídico y la experiencia de esta mujer que no necesita cuotas y que hace tres años fue vicepresidenta del Gobierno. El Tribunal Supremo ha echado abajo el nombramiento de su antecesora por no reunir los requisitos que el cargo exige. Carmen Calvo los reúne todos. Y sobradamente. Apenas conozco a esta señora. Ideológicamente me siento lejos de ella en muy fundamentales cuestiones. Pero la objetividad periodística exige reconocer el prestigio jurídico y la capacidad profesional de Carmen Calvo.
De Carmen Calvo que, por cierto, y con las debidas cautelas, replicó a los que llamaron exiliado al prófugo Carlos Puigdemont: “Lo que ustedes llaman exilio es, para un Estado de Derecho, huir de la Justicia”. Y en el año 2021 aseguró que no era planteable la amnistía para los presos secesionistas porque significaba tanto como “suprimir el poder judicial y fracturar el Estado de Derecho”.
Leal siempre al socialismo democrático, Carmen Calvo, hostil a la amnistía, aprobó, porque la Constitución lo permitía, el indulto para los nueve políticos independentistas condenados por sedición y malversación en el procés. Está claro que Pedro Sánchez ha cometido muchos errores tanto en su actividad política como en los nombramientos que ha hecho. Pero en este caso habrá que reconocer que ha acertado, al margen de que convenga esperar para tomar conciencia clara de cómo Carmen Calvo va a desempeñar un cargo de gran importancia constitucional en la Monarquía parlamentaria española. Ella ha asegurado que pondrá todos los medios para ejercerlo “de la forma más imparcial posible” porque se trata de un puesto estatal y no partidista. Tanto el PP como Sumar se han manifestado en contra del nombramiento por razones distintas, pero una buena parte del mundo político y también del jurídico han concluido que se trata de un acierto de Pedro Sánchez y que Carmen Calvo presidirá de forma independiente el Consejo de Estado, al margen del partidismo y las actividades excluyentes.