Poco a poco se van aclarando las facturas que Pedro Sánchez debe pagar por los escaños que compró para ser investido presidente del Gobierno. La Autonomía vasca le ha proporcionado 11 escaños, 5 el PNV y 6 Bildu.
A los proetarras, aparte del traslado total de los presos criminales al País Vasco, les obsequió con la alcaldía de Pamplona. Al PNV acaba de entregarle el control de los trenes de cercanías, amén de 400 millones para atender los primeros gastos.
Todos, los quince partidos de Sumar, los cuatro secesionistas, dos de derechas y dos de extrema izquierda, más algún fleco disperso, han pasado copiosas facturas que el presidente del Gobierno se esfuerza en satisfacer, aunque algún renglón, como la Ley de Amnistía, se encuentre algo atascado.
Desconocemos el precio total, pero vamos enterándonos de algunas partidas. Los escaños vascos exigen ahora que Pedro Sánchez se burle del Supremo y ordene la retirada de la Guardia Civil del País Vasco, suspendida por el alto Tribunal.
Y luego vienen los presupuestos. Parece claro lo que sucederá. Los 14 diputados catalanes y los 11 vascos, amén las 15 agrupaciones de Sumar, se cobrarán todo aquello que les plazca en perjuicio de las Autonomías gobernadas por el Partido Popular. Pero Madrid bien vale una misa, quiero decir, una amnistía, amén las suculentas prebendas de todo tipo que el PNV, Bildu, Junts y ERC extraerán de la debilidad endémica de Pedro Sánchez. Afirman observadores sagaces y expertos columnistas que es imposible la resistencia sanchista frente a tanto agobio. Tal vez tengan razón, pero la imprensión que da Moncloa es que Pedro Sánchez continuará sentado en la silla curul monclovita mientras, a costa de la estabilidad de España, pueda seguir otorgando prebendas, mamandurrias y suculentas sinecuras.