México ingresará el próximo viernes 1 de marzo a un intenso período político de 100 días de campaña electoral para votar por el próximo presidente de la República, las dos cámaras federales del poder legislativo, nueve gubernaturas estatales, casi la mitad de las alcaldías y decenas de diputaciones provinciales.
El proceso electoral ha sobrecalentado el ambiente el político y tensado las relaciones de poder, pero el punto de partida se debe mirar con frialdad: la candidata presidencial del partido y grupo político del presidente López Obrador iniciará las campañas con una ventaja de 15 a 35 puntos porcentuales sobre la candidata de la oposición PRI-PAN-PRD.
Y aquí se localizan los primeros indicios de que México mostrará un reacomodo de los bloques políticos-ideológicos: la candidata de López Obrador representa a Morena, un grupo político que fue desprendimiento del PRD cardenista y éste nació de la fusión de la izquierda del Partido Comunista Mexicano (disuelto en 1989) y los sectores progresistas del PRI.
El PRI, a su vez, definió en 1989 un camino de modelo económico neoliberal y de mercado y replanteó sus definiciones ideológicas: en 1992, el presidente Salinas de Gortari anunció en la sede del PRI que el partido histórico abandonaba el camino de la Revolución Mexicana que le había marcado Lázaro Cárdenas en 1938 y se convertía en un partido liberal de mercado.
El PAN, partido histórico de la derecha empresarial, bancaria, religiosa, había conquistado la presidencia de la República en 2000 y 2006, pero la había perdido en 2012 frente a un PRI reconstruido como propuesta neoliberal; ante el fortalecimiento de Morena como el partido del presidente López Obrador, la tendencia de votos de la oposición --el PRI, el PAN y el PRD-- se desplomó y los tres partidos decidieron una coalición en 2021 que adquirió relativa competitividad en votaciones legislativas. En términos promedio, la candidata presidencial de Morena acumula en las encuestas una votación de 55%, en tanto que la coalición opositora se mueve entre 25%-30%.
En términos político-ideológicos, la coalición opositora no ha podido avanzar porque no ha sabido explicar cómo es que tres partidos que representaban universos irreconciliables --como el agua y el aceite-- hoy aparecen unidos por tres elementos cohesionadores: la fuerza político-social del presidente López Obrador de una aprobación de 70%, la falta de competitividad de cada uno de los tres partidos si concurren por separado y las redefiniciones ideológicas de dos partidos que tuvieron en alguna parte de su historia cierto matiz de izquierda y hoy aparecen articulados por el PAN de la derecha --una mezcla de PP-Vox-- y segunda fuerza electoral con 15% de la tendencia de votos.
El proceso electoral mexicano, que inicia el viernes 1 de marzo y terminará con las elecciones de más de 2,500 cargos el domingo 2 de junio, presentará un reacomodo de grupo de poder, pero con una tendencia desde hoy de dominio político-ideológico de López Obrador-Morena, con apenas dos gubernaturas de nueve para la coalición opositora y cuando menos una mayoría de 55% en el poder legislativo de las dos cámaras, aunque la meta de López Obrador-Morena y partidos aliados buscaría apropiarse del 67% de los asientos legislativos porque es la mayoría calificada que le permitiría modificaciones constitucionales sin negociaciones con la oposición.
El otro dato revelador del proceso electoral mexicano radica en el hecho de que el presidente López Obrador aparece como el jefe de la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de Gobierno de la capital de la República y pieza clave del grupo lopezobradorista, además de que el presidente presentó el pasado 5 de febrero una lista de 20 reformas constitucionales que requieren la mayoría calificada y las convirtió es la bandera de campaña.
La oposición, a pesar de constituir una coalición conservadora PRI-PAN-PRD, no ha podido consolidarse como bloque dominante: la candidata presidencial opositora fue puesta por el PAN, aceptada a regañadientes por el PRI y avalada por el PRD en fase de derecha neoliberal, pero no ha encontrado entendimiento con los tres partidos de la coalición; la alianza tipo partidista busca, sobre todo, bloquear la mayoría calificada de Morena en el legislativo y en los hechos ha abandonado la competencia presidencial. Morena aparece aliado en una coalición directa con dos partidos muy débiles: el PT de izquierda hipócritamente socialista y el Partido Verde que nada tiene de ecologista y en los últimos días el partido Movimiento Ciudadano rompió con la coalición opositora, pero marchará en una alianza no formal con Morena, lo cual solo deja el mensaje de que entre 8%-10% de los votos no irán contra Morena.
Las elecciones serán gestionadas por autoridades electorales en modo tensión: a finales del año pasado terminó el ciclo del grupo político-ideológico que el presidente Salinas de Gortari impuso en 1990 en la reforma electoral y la nueva administración que inició a comienzos de este año nada tiene que ver con las motivaciones ideológicas de sus antecesores. Un dato significativo estaría mostrando un realineamiento ideológico: el grupo que controló al IFE/INE como autoridad electoral federal quedó fuera del organismo y se convirtió en grupo opositor público a López Obrador-Morena, aunque sin articulación orgánica con la oposición formal.
El tono de las campañas comenzó de manera muy estridente, pero dentro de los cauces institucionales. El gran temor que existe --aunque sin argumentación sólida como para poner en duda el proceso electoral-- es la situación de violencia que existe en la República por el activismo del crimen organizado que trafica con drogas a Estados Unidos, que ya controla el tráfico de personas y que de alguna manera apadrina a grupos de delincuencia común. Hasta ahora, probablemente existan cinco estados de los 32 que hay en México en situación de violencia extrema, pero con espacios para la realización de las elecciones.
Este es el México que entra en una fase intensa de activismo político el próximo viernes y que podría terminar el 9 de junio con el anuncio de los resultados electorales, y el país entraría --como parece ser previsible-- en una zona de conflicto poselectoral que ha estado presente en México desde 1988.