De una manera pocas veces vista en una democracia y, por desgracia, demasiado habitual en nuestros lares, acabamos de asistir una maniobra insólita de nuestro Gobierno, consistente en la manipulación de un borrador del Informe que ha de emitir la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía y el respeto al Estado de Derecho en España.
Sin ningún rubor, y con una palmaria falta de lealtad, el Gobierno ha filtrado a varios medios de comunicación el borrador de Informe que la Comisión de Venecia ha enviado a las autoridades españolas dentro del habitual trámite de enmiendas que tiene lugar en el procedimiento de elaboración del mismo. Y lo ha hecho transmitiendo la información como si del informe definitivo se tratara, afirmando que la Comisión de Venecia avala en su totalidad la proposición de ley de amnistía que está en trámite en el Congreso de los Diputados. No han sido capaces, ni este Gobierno ni sus voceros, de proporcionar información fidedigna, que pueden comprobar en la propia página web de la Comisión de Venecia en la que constata que el Informe está en trámite y que se hará público tras la sesión plenaria que tendrá lugar los próximos días 15 y 16 de marzo. Supongo que les debe interesar más tener confusa a la ciudadanía, introduciendo este asunto en “el relato”, para que dejemos de estar pendientes de otras cosas que recientemente están captando nuestra atención.
Pero es que, además, el texto del borrador tan interesadamente filtrado no avala en ningún momento la norma objeto del mismo, sino que proporciona, como es propio de un informe, que no es un titular de prensa ni un panfleto político, elementos de análisis que deberían estar muy presentes en la elaboración parlamentaria del texto cuestionado si quieren que la norma resultante se adapte a los estándares europeos.
En el mismo se contempla una primera parte explicativa de qué se pretende con el informe y un análisis, muy completo y pormenorizado acerca de cómo se abordan las amnistías en los sistemas jurídico-constitucionales de cerca de cincuenta países. Hasta ahí, nada que comentar al respecto, puesto que nadie lo ha discutido y es a todas luces verídico que tales regulaciones existen.
Sin embargo, si entramos en las consideraciones del informe que se refieren a la concreta proposición de ley de amnistía, cualquier persona con comprensión lectora normal y un mínimo de conocimientos terminológicos, puede apreciar que la Comisión de Venecia tiene una opinión bastante crítica con los contenidos de la proposición de ley.
Partiendo de las consideraciones de que no va a entrar en enjuiciar la constitucionalidad de la propuesta ni su adecuación al Derecho de la Unión Europea, puesto que, efectivamente, no son cuestiones de su competencia, la Comisión de Venecia efectúa un análisis en el que dilucida si la proposición de ley se ajusta a los estándares europeos de verificación del Estado de Derecho que ella misma tiene adoptados desde 2017. Destacaré los que considero más importantes.
Es sumamente relevante que la Comisión, al afirmar que no es de su competencia valorar la constitucionalidad de la ley, puesto que ello corresponde a los órganos internos del país concernido, constata al mismo tiempo que, al ser tan controvertida su constitucionalidad, sería bueno que la elaboración de una ley de amnistía se adoptara mediante una reforma constitucional.
Además, siguiendo lo que es su propia doctrina sobre las normas de gran relevancia jurídico-constitucional, como no tiene ninguna duda de que la ley de amnistía entra dentro de este catálogo de normas, señala que al ser una ley tan importante debería ser adoptada por una amplia mayoría parlamentaria.
También considera, la Comisión de Venecia que una ley tan relevante no hubiera debido tramitarse con urgencia, y que tendría que contar con los Informes técnicos preceptivos.
Si bien la Comisión de Venecia considera que la "reconciliación" o la “pacificación” de un territorio puede ser un objetivo legítimo para adoptar una amnistía, se hubiera tenido que hacer un estudio previo de impacto de la norma, para ver si se cumplía con el principio de proporcionalidad y si se incluían a las personas debidas, puesto que no pueden estas normas adoptarse, según la propia Comisión, en favor de personas determinadas, sino con criterios de interés general.
Desde otro orden de consideraciones, la Comisión de Venecia considera, analizando los artículos concretos de la ley que tanto el ámbito de aplicación temporal como el de los delitos afectados es impreciso y que ello debería subsanarse, puesto que de otro modo no se alcanzarían los objetivos legítimos pretendidos.
En tal sentido, manifiesta la Comisión en su borrador de informe, que también se debería clarificar mejor el objetivo de lo amnistiable en relación con la malversación, para precisar qué se incluye y qué no y hasta qué punto, para evitar que cualquier delito de corrupción pueda situarse dentro del ámbito de aplicación de la amnistía.
La Comisión de Venecia critica también que la proposición de ley no tiene suficientemente en cuenta los derechos de las víctimas de los delitos que se pretenden amnistiar y que se tendría que mejorar el texto al respecto.
Así también, el informe de la Comisión critica también la falta de claridad en las medidas cautelares que se puedan tomar en la aplicación de la norma, especialmente en relación con el efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad, que en su caso, pueda ser presentada ante el Tribunal Constitucional, ya que parece que la proposición de ley quera evitar la suspensión de la aplicación de la norma cuando la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional la contempla.
Tampoco ve claro, la Comisión, de qué manera afecta la amnistía a los delitos de terrorismo, puesto que establece que no será aplicable cuando exista sentencia firme y, para la Comisión, la etapa procedimental es irrelevante al respecto. Aquí hay que señalar, a mayor abundamiento, que la Comisión ha analizado el primer texto de la proposición de ley, puesto que actualmente está en discusión en el Congreso qué delitos de terrorismo pueden ser amnistiados y cuáles no, aumentando la falta de claridad de la proposición de ley al respecto.
Finalmente, en el borrador de informe, la Comisión de Venecia aborda el problema de las comisiones parlamentarias recientemente creadas en las que pretenden analizar, evaluar y, según algunas fuentes sancionar, las actuaciones judiciales. A este respecto, la Comisión de Venecia recuerda el necesario respeto a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, por lo que, afirma, las conclusiones de tales comisiones de investigación no obligarán a los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales.
Lejos, pues, de avalar, como han afirmado fuentes gubernamentales, el contenido de la proposición de ley de amnistía, la Comisión de Venecia plantea objeciones, tanto de forma como de fondo a la misma. Es cierto que los dictámenes o informes de la mencionada Comisión son de carácter consultivo, pero también lo es que gozan de reconocido prestigio en todo el ámbito europeo, no sólo del Consejo de Europa sino también de la Unión Europea.
Haría bien el Gobierno, además de ser más respetuoso con los procedimientos en curso y con la veracidad que tenemos que exigir a sus comunicaciones, si tuviera en cuenta todo lo que la Comisión de Venecia le pueda sugerir en su informe definitivo que, repito, se hará público tras el trámite de alegaciones y la comparecencia ante la misma del propio Presidente del Senado (cámara que solicitó tal informe) en el transcurso del debate y la posterior toma de decisión que está prevista para los próximos días 15 y 16.
Haría bien, porque hacerlo podría paliar, en la medida de lo posible, la falta de credibilidad que su postura, replicada por sus medios voceros, le está confiriendo. España ha sido, hasta hace muy poco tiempo, un Estado bien considerado en el marco europeo y este tipo de posturas, con filtraciones interesadas y tergiversación de los mensajes, no contribuye a que podamos mantenernos dentro de los buenos estándares.