Opinión

El pueblo irlandés desautoriza a sus políticos

TRIBUNA

José Luis Martínez López-Muñiz | Sábado 16 de marzo de 2024

Me da la impresión de que ha trascendido poco a los medios de comunicación en general. Como no es infrecuente que ocurra hoy cuando los hechos contradicen las tendencias dominantes en quienes controlan los grandes medios de comunicación y las organizaciones políticas más importantes. Me refiero a lo ocurrido el pasado 8 de marzo en Irlanda, una sociedad de la que se viene diciendo hace tiempo, y, al parecer, con no poco fundamento, que viene experimentando un profundo cambio.

El Gobierno irlandés había convocado un referéndum para someter a la aprobación popular dos enmiendas constitucionales. En una de ellas (la enmienda 39) se pretendía que el art. 41 de la Constitución dejara de afirmar que la Familiase funda en el Matrimonio, y pasara a decir que puede basarse asimismo en “otras relaciones estables” (onother durable relationships), aun siguiendo siendo reconocida como “grupo unitario natural primario y fundamental” e “institución moral que posee derechos inalienables e imprescriptibles, anteriores y superiores a cualquier ley positiva”. En la otra enmienda (la 40) se trataba de que el actual texto del ap. 2 del art.41 que expresamente reconoce y protege el papel de las mujeres y de las madres en el ámbito doméstico, fuera sustituido por otro en el que, en vez de referirse solo a ellas, reconociera y apoyara “el cuidado en la familia [en el nuevo sentido de esta a que se refería la enmienda 39] de unos con otros de sus miembros en razón de los vínculos entre ellos”.

La mayor parte de los partidos representados en el Parlamento –del Gobierno y de la oposición- estaban a favor. Los sondeos hacían esperar un cómodo resultado favorable. Pero llegó el 8 de marzo, precisamente el 8 de marzo, con todas las connotaciones que los grupos de presión han imprimido a esa fecha en los últimos años. Y el resultado ha puesto al mundo político y mediático en shock.

Ha votado un 44,36%, y se ha rechazado la enmienda 39 por un 67,69% de los votantes, y la 40, por un 73,93%. El NO a las “progresistas” propuestas ha sido, por tanto, rotundo, aunque un 55,64% de la población se haya mostrado indiferente o indeciso y no haya participado efectivamente en la decisión. Pero un 73,93% de los votantes es un 32,79 % del total del electorado, y un 67,69% un 30,02%. La población que se ha opuesto expresamente se acerca, pues, el tercio de la ciudadanía irlandesa, mientras que solo ha apoyado los cambios que se proponían un 11,56 % del total de esa ciudadanía –la enmienda 40- o un 14,33% -la 39. Sólo esta exigua proporción de ciudadanos ha respaldado la propuesta que la mayor parte de los líderes políticos habían considerado “importante”.

Unos resultados, por cierto, que traen enseguida a la memoria, los del referéndum catalán para aprobar el Estatuto de 2006, que arrojó uno porcentajes bastantes similares, aunque la participación entonces fuera más de 4 puntos por encima de la producida ahora en Irlanda. Claro que entonces la respuesta fue SI a lo que se proponía, no el NO con que el pueblo irlandés ha respondido ahora. Pero aquel SI procedía de poco más de 36 % del electorado catalán.

Realmente los datos hablan por sí solos y evidencian el alarmante distanciamiento entre la élite política y mediática y la ciudadanía. No son especulaciones; es la cruda realidad. Una realidad que, al evidenciarse de modo tan neto, debería llevar a relevantes consecuencias. Veremos. Pero no es descartable que este tipo de disonancias entre gobernantes y gobernados se produjese en otros no pocos países, si se consultasen al pueblo puntos concretos, como se ha hecho en este referéndum irlandés y es tan propio de cualquier referéndum razonablemente planteado. Los representantes políticos y los gobernantes que salen de ellos se sustentan en unas elecciones en las que inevitablemente el elector se ve obligado a optar entre opciones globales, que incluyen posicionamientos sobre casi todo, en mezcla o síntesis no siempre, por lo demás, muy clara ni explícita. Lo que tantas veces favorece interpretaciones erróneas por parte de los políticos en el Poder de lo que realmente quiere la gente en tal o cual importante aspecto de la ordenación o marcha del país.Sin que, por lo demás, los estudios sociológicos, las encuestas acierten siempre a identificarlo, como, desde luego, se ha evidenciado en esta ocasión en Irlanda y de lo que hay tanta experiencia. Menos aún son suficientes las manifestaciones públicas, por reiteradas y populosas que sean. Con una parte de los cuatro centenares de miles que, aproximadamente, han votado en Irlanda a favor de esas enmiendas pueden llenarse muchas calles y plazas de Dublín con manifestantes, impresionando a la opinión pública. Pero a la hora de la verdad quedan más o menos lejos del 15% del total del pueblo. Y en democracia, tan ciudadano es el que se manifiesta y no para de actuar, como el que serenamente se limita a ir a votar cuando le convocan, que es cuando llega la hora de la verdad en democracia.

Es toda una llamada a la prudencia política y a la autenticidad democrática. No se es más demócrata por auto-atribución de tal condición ni por altaneras imputaciones de lo contrario al adversario político, sino por un verdadero empeño en contar de verdad con lo que la gente quiere, siente y prefiere. Sin confundir las propias preferencias ideológicas y las de los círculos más próximos, con la voluntad popular. Y, desde luego, sin presentar como querer de la ciudadanía empeños personales interesados, que nunca se sometieron como tales a aquella. Por no hablar de actuaciones que se acometen y llevan a cabo manifiestamente en contra de lo que se propuso a los electores para obtener su voto, de las que tanto estamos padeciendo en España últimamente.

Es, por lo demás, de notar que las fracasadas enmiendas constitucionales hayan constituido una propuesta de un Gobierno como el actual en Irlanda, de orientación centro-derecha, formado en coalición hace poco más de un año por los demócratas cristianos (Fine Gael), liberal-conservadores (FiannaFáil) y verdes, con un Primer Ministro, Leo Varadkar, demócrata cristiano –qué diría De Valera, si levantara la cabeza- y, según se dice, el primer ministro más joven de la también joven República. El centro-derecha está olvidando en más de un sitio quienes son y qué piensan en realidad las porciones de la ciudadanía que los sustentan. Lo sucedido el 8 de marzo en Irlanda debería hacer reflexionar muy especialmente a los partidos que se mueven en ese espacio del espectro político.