Definitivamente, la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de la Fiscalía en el que consideraba los hechos atribuibles a la plataforma Tsunami Democrátic como desórdenes públicos y no como terrorismo en concordancia con la decisión del Tribunal Supremo, que avaló recientemente la instrucción del juez Manuel García Castellón. Y así el Alto Tribunal ha asumido finalmente la causa por terrorismo y ha abierto una investigación a Puigdemont de forma que todos los recursos ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que cuestionaban la decisión del magistrado de elevar la causa al Supremo han perdido su objeto y han quedado desestimados. A día de hoy, además, sigue en vigor la orden de detención del prófugo de Waterloo. En teoría, pues, si el líder de Junts pisara suelo español debería ser detenido y conducido ante el juez Llarena. Pues la entrada en vigor de la ley de amnistía se producirá como pronto a finales de mayo.
Se trata del peor escenario posible para los intereses políticos y personales de Pedro Sánchez. Porque los vándalos separatistas incendiarían las grandes ciudades catalanas si Puigdemont fuera conducido ante el magistrado y, presumiblemente, encarcelado. En vísperas de las elecciones autonómicas, el líder de Junts saldría beneficiado en las urnas al convertirse en una suerte de héroe de la independencia. ERC, incluso el PSOE, sin embargo, podrían perder apoyos y poner en riesgo la victoria de Illa que predicen las encuestas. Un escenario que complicaría la formación del gobierno de la Generalidad y que radicalizaría el enfrentamiento entre independentistas y constitucionalistas. Si es que el PSC puede considerarse defensor de la Constitución, lo que no está tan claro.
De todos modos, saltaría por los aires el relato de Pedro Sánchez de frenar la crispación política y alcanzar la convivencia gracias a su ley de amnistía. Sería un fiasco más de la frívola e ilegal política del Gobierno. Del intento de asegurarse la mayoría parlamentaria para mantener el poder. Porque, a pesar del omnímodo poder que atesora Sánchez, la Justicia es implacable. Y ése es el gran obstáculo del presidente para prolongar la legislatura. No hay que descartar, pues, que el Supremo desbarate los planes ilegales del Gobierno con la amnistía. O, al menos, que el presidente se vea obligado retrasar esos planes. La siniestra ley, al final puede estallarle en la cara a Sánchez. Porque con Puigdemont no se juega. Es el gran timonel de este Gobierno y no conviene incomodarle más de la cuenta. Pues la entera legislatura sigue dependiendo de esos 7 escaños de oro.