Nos están quitando la democracia. Literalmente, ante nuestra mirada impasible o, sería más correcto decir, ante nuestra mirada pasiva. Y lo están haciendo echándonos a nosotros (como dice la Constitución de los Estados Unidos de América, a nosotros, el pueblo) del lugar que nos corresponde. Y ni siquiera eso basta: además se está ocupando todo resquicio de cualquier espacio que suene a un mínimo poder o, aunque no lo tenga, que pueda implicar un mínimo de control o contrapeso a un poder que amenaza con convertirse en absoluto en muy poco tiempo.
Que se nos está echando (a nosotros, el pueblo) del lugar que nos corresponde lo confirmé hace muy pocos días oyendo una entrevista que el gran comunicador Alsina le hizo al triministro señor Bolaños. En un país en el que rige una Constitución cuyo artículo primero establece que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, el triministro afirmó que la soberanía correspondía al Parlamento. Cuando Alsina le recordó algo que el señor Bolaños había olvidado, que nuestro Parlamento tiene dos cámaras y que en una de ellas (el Senado) otro partido que no es el suyo tenía mayoría absoluta, sin el menor sonrojo el triministro se rectificó a si mismo y afirmó que la soberanía nacional residía en el Congreso de los Diputados. No era ignorancia, o no sólo. Así se nos hizo tragar a los españoles, sin pan, semejante y brutal reforma del título preliminar de nuestra Constitución: la soberanía ya no reside en el pueblo representado, sino en los diputados que meramente lo representan, y eso supone sencillamente que ese señor entiende que el poder constituyente y la capacidad de modificar la Constitución es suya (y de los suyos). Nosotros, el pueblo, ya no contamos.
Como me decía un buen amigo, eso es tanto como si el portero de la finca al que los vecinos le pagan para que la mantenga limpia y ordenada decidiese quedársela y decirles a los vecinos cómo tienen que vivir. Se entiende así la forma de impulsar leyes que tiene este Gobierno, siempre por reales decretos-leyes o proposiciones de ley de los grupos parlamentarios, que esquivan la fórmula de los anteproyectos de ley. Mucho nos hemos quejado de que esa forma de legislar permite eludir los informes de los órganos consultivos del Estado que son obligatorios en el caso de los anteproyectos (Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, Secretarías Técnicas, Consejo de Estado…), pero nos equivocábamos: el artículo 26 de la Ley de Gobierno dispone que la tramitación de todo anteproyecto de ley se debe iniciar con una consulta pública, y eso es lo que realmente se elude, a nosotros, el pueblo. No es difícil anticipar lo que hubiera podido pasar si la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía se hubiese tramitado como un Anteproyecto de Ley Orgánica de Amnistía: se hubiese sometido a una consulta pública en la página web del ministerio del señor Bolaños, donde es muy probable que veinte o veinticinco o treinta millones de entradas hubiesen puesto de manifiesto que la gran mayoría de la sociedad española (nosotros, el pueblo) rechaza esa ley.
Pero, al parecer, no basta con echarnos de nuestro sitio a nosotros, el pueblo. Además, es necesario ocupar todas y cada una de las instituciones del Estado. Y no cabe confundirse: esa ocupación no consiste sólo en beneficiar con auténticos momios a individuos e individuas con poco o ningún oficio. Es mucho más que eso. Lo primero que pensé cuando la señora Magdalena Valerio, una funcionaria menor, fue nombrada presidenta del Consejo de Estado es que si don Luis Jordana de Pozas o don Eduardo García de Enterría se levantasen de sus tumbas volverían a ellas de inmediato. Incluso llegué a temer que don Miguel Rodríguez y Herrero de Miñón se cortase las venas. Pero lo relevante, más allá de la ofensa que supuso ese nombramiento para esos grandes juristas del Consejo de Estado, es que evidenciaba la intención de convertir el supremo órgano consultivo del Gobierno en un mero avalista de sus decisiones.
Y lo que más llama la atención de esta forma de hacer es precisamente que se haga con “evidencia”, con voluntad de ser claros en que eso es precisamente lo que se hace: ocupar y apropiarse de todo espacio público de poder o que permita controlarlo o contrapesarlo. No basta con ocuparlo, se ha de hacer evidente que se ha ocupado. Esto me recuerda la célebre anécdota del matador Luis Miguel Dominguín al responder a un taxista que le recriminaba su falta de elegancia por contar que se había acostado con Ava Gadner: lo mejor de acostarse con Ava Gadner era poder contarlo. Lo mejor de ocupar el poder es que se note y que cada cual asuma lo que supone no plegarse al signo de los tiempos.
Eso explica que la funcionaria menor que ocupó la presidencia del supremo órgano consultivo del Gobierno sea relevada por otra persona cuyo mérito como jurista no se conoce o reconoce y que si por algo es conocida es por ser militante del partido que soporta el Gobierno y ex miembro de ese mismo Gobierno.
Eso explica también que, entre los no pocos juristas de reconocido prestigio de este país, se elija para integrar el Tribunal Constitucional a quienes son conocidos y reconocidos por haber sido miembros del mismo Gobierno que los nombra o sus asesores.
Otros episodios, como el reciente de la señora Montero, ministra de Hacienda, me suscitan dudas: no acabo de entender bien si, cuando reveló datos de un contribuyente que políticamente le interesaba perjudicar, lo hizo como una muestra más de su infinita torpeza o si estaba lanzando el mensaje, para que se tomara nota, de que tiene a su disposición los datos fiscales de todos los españoles y que los puede utilizar cuando y como quiera. Supongo que lo acabaremos sabiendo porque, dependiendo de las circunstancias, tanto que un ministro de Hacienda acceda a los datos de los contribuyentes como que los revele puede ser constitutivo de un delito que imagino que se investigará.
Y lo mismo se podría decir de la Fiscalía General del Estado: no basta con que el presidente del Gobierno presuma de que el Fiscal General del Estado está bajo su dependencia (“¿La fiscalía de quién depende? Pues ya está…”), sino que además el Fiscal General del Estado ha de hacer patente esa dependencia con su comportamiento. Sin embargo, para todo hay límites, y con el mismo episodio con el que es posible y muy probable que la señora Montero acabe siendo investigada, el Fiscal General del Estado ha rebasado todos los límites, y fundamentalmente los éticos. Se va a tener que explicar muy bien por qué se dieron instrucciones para rechazar la posibilidad de una conformidad precisamente en ese caso (algo que es el día a día de nuestra justicia penal) y, sobre todo, por qué en ese caso concreto se han desvelado los términos de las conversaciones entre abogado y fiscal, algo sencillamente impensable. Me cuesta pensar que sea por torpeza. No oculto la satisfacción que me produce, como abogado, que el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, don Eugenio Ribón, no se haya dejado llevar por la pasividad generalizada, que haya amparado al abogado que ha visto defraudada su expectativa de que el Ministerio Fiscal mantendría un comportamiento ético y que se haya negado a enjuagues para cerrar el conflicto con un “comunicado conjunto”. Como abogado, insisto en expresar mi satisfacción por la actitud del decano, pero también como abogado, e imagino que como a cualquier otro abogado, se me hace muy difícil pactar una conformidad o participar en un juicio con la fiscalía mientras el actual Fiscal General del Estado no dimita, no por los fiscales, a los que conozco y reconozco como los grandes profesionales que son, sino por un riesgo que, a partir de ahora, estará siempre presente mientras no se produzca esa dimisión: que ese Fiscal General quiera hacer evidente de quién depende.