La Comisión Europea ha confirmado que habrá que esperar al veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de que se plantee una cuestión prejudicial sobre la futura ley de amnistía, lo que podría retrasar su aplicación. La cuestión es especialmente relevante, ya que afecta a Carles Puigdemont, candidato de Junts a las elecciones catalanas del próximo mes de mayo.
El comisario de Justicia Europeo, Didier Reynders, se lo ha reiterado por escrito al eurodiputado Adrián Vázquez. Que preside la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo.
El planteamiento de una cuestión prejudicial sobre cualquier materia de relevancia, también sobre la futura ley de amnistía, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, suspendería su aplicación, tal y como marca el funcionamiento de la corte de Luxemburgo.
En su carta, Vázquez preguntaba sobre los efectos que tiene para un juez nacional de un estado de la Unión Europea el plantear una cuestión prejudicial sobre la norma que actualmente se tramita en el Senado.
Reynders asegura que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha señalado que el procedimiento prejudicial exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia.
Este procedimiento lleva una media de 15 a 18 meses para su resolución, lo que retrasaría la aplicación efectiva de la ley de amnistía.