Cuando estos días varios miembros del Gobierno, comenzando por su Presidente y su Ministro de Asuntos Exteriores, han reaccionado ante determinadas iniciativas político-legislativas que se habrían producido en Aragón, en Castilla y León y en Valencia, en relación con la llamada ley de memoria democrática, anunciando que las denunciarían en la Unión Europea y en la ONU, difícilmente podían dejar de producir no poca perplejidad y estupor.
Todo parece indicar que el Gobierno habría encontrado en tales eventuales medidas, propiciadas por Gobiernos autonómicos de coalición del PP con Vox, lo que habría visto como auténtica carnaza para tratar de contrarrestar en esas organizaciones internacionales las persistentes acusaciones que se les están haciendo en ellas por razón del proyecto de Ley de Amnistía y otros componentes de sus acuerdos con Junts para tener el Gobierno. Ahora pasarían ellos a ser los adalides de la democracia y de los derechos humanos frente al “fanatismo negacionista” de la extrema derecha –a la que el PP se habría entregado- que en todo el mundo está tratando –a su entender- de revertir los progresos alcanzados con tanto esfuerzo, devolviéndonos… a lo que Sánchez ha querido simbolizar sectariamente filmándose entre restos humanos –de hace unos ochenta años-, nada más volver de su gira árabe, en los sótanos del monumento de Cuelgamuros.
La obstinada ceguera por tener y mantener a toda costa el Poder les impide seguramente darse cuenta de hasta qué punto están cayendo con ello en el ridículo, con daño, naturalmente, para todo el país y la posición internacional actual de España.
Es verdaderamente incomprensible que el Gobierno de un Estado que se respete a sí mismo parezca reconocer su impotencia para hacer frente a lo que pueda considerar como graves ataques a la democracia y los derechos humanos, hasta el punto de que decida recurrir a instancias internacionales a ver si ellas lo solucionan.
Olvida, en su ceguera, el Gobierno, que cuando ciudadanos o sus organizaciones –incluidas en su caso las de sus representantes políticos en la oposición- deciden recurrir a los organismos internacionales, empezando por la Unión Europea, con todas sus peculiares características como instrumento de especial integración supranacional, lo hacen precisamente para tratar de frenar, impedir o revertir decisiones del Gobierno o del Parlamento que el Gobierno controla –por contar en él con la mayoría necesaria-, cuando resultan insuficientes para ello las instancias jurisdiccionales y de control del Estado, o se teme que puedan serlo. Pero el Gobierno tiene en su mano todos los resortes para reconducir al debido Derecho –e incluso al “indebido” pero considerado por él como “debido”- cualquier actuación privada o pública que se produzca dentro del ámbito del Estado español. No hay ninguna instancia internacional que proporcione a ningún Gobierno nacional herramientas especiales sustitutivas para poner orden en su país. Eso es precisamente lo que a él le corresponde y lo que otros podrán pedirle y exigirle, incluidas algunas de esas instancias internacionales. Solo a un Gobierno que quiera hacer el ridículo y mostrarse a nivel internacional como incapaz de gobernar, se le ocurrirá pedir ayuda a las organizaciones internacionales para que hagan dentro del Estado que tiene que gobernar lo que él evidenciaría ser incapaz de hacer. La respuesta que podría encontrarse, explícita o implícita, sería elemental: Oigan: si Vds. no son capaces de gobernar su propia casa, dejen a otros de su propio país que lo intenten. O ¿es que el Estado que Vds. representan está fallido y quieren que lo gobernemos otros?
Ninguna organización internacional o supranacional puede venir a resolvernos directamente los problemas que no resuelva el Gobierno. Podrán sí tratar de obligar al Gobierno –siempre de acuerdo con los tratados internacionales ratificados por España y solo en cuanto así lo permitan- a que cumpla sus deberes, si entienden que no los cumple; incluso prestarle cierta colaboración para ello, como ya ocurre, por ejemplo, en la cooperación judicial y policía contra el crimen organizado. Pero no podrán sustituirle ni sustituir a las instituciones del Estado en sus deberes. Es en razón de lo primero que los ciudadanos o sus organizaciones podrán requerir su intervención para tratar de obligar al Gobierno a cumplir su deber, cuando los órganos jurisdiccionales del Estado no lo logren o en refuerzo de la acción de estos; pero en razón de lo segundo, carece de cualquier sentido que un Gobierno “denuncie” internacionalmente incumplimientos de organismos, instituciones o personas de su propio ámbito estatal, cuando es él quien tiene que poner el remedio pertinente.
Véase, por ejemplo, la Resolución 68/165, sobre El derecho a la verdad, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2013, para comprobar que el destinatario de sus recomendaciones son sustancialmente los Estados, y, por lo mismo, sus respectivos Gobiernos.
Quienes forman un Gobierno impotente, lo que tienen que hacer es dimitir y dar paso a quienes puedan darle a ese Gobierno la efectividad imprescindible. Lo demás son ganas de confundir y manipular a la ciudadanía.