Diputados y senadores, así como el sector mejor informado de la opinión pública, conocen la esterilidad de las comisiones parlamentarias de investigación. Se pueden citar excepciones, pero en líneas generales las comisiones de investigación echan tierra sobre el asunto a tratar y todo termina en nada o en casi nada.
Ahora la esterilidad se multiplica. El Partido Popular puso en marcha una Comisión de investigación sobre las mascarillas, apoyándose en la mayoría absoluta de la que dispone en el Senado. Y el PSOE sanchista replicó con otra Comisión de investigación, puesta en marcha por la mayoría que el sanchismo mantiene en el Congreso de los Diputados, con la alianza de una veintena de partidos, dos de ellos, de derechas. No resulta difícil prever lo que saldará de ambas comisiones: verdades o mentiras sesgadas, y por completo politizadas. La Comisión senatorial pondrá en la picota a altos cargos del PSOE; la Comisión del Congreso hará lo mismo con altos cargos comunitarios y municipales de filiación popular.
Se habrá perdido el tiempo, no se habrá solucionado casi nada y las navajas cachicuernas permanecerán en alto buscando la carne rival. Unos y otros saben que la eficacia se producirá en la judicatura. Jueces y magistrados, si no les enredan las presiones, decidirán quiénes han delinquido, quiénes han prevaricado, forrándose a través de sus cargos de influencia directa o indirecta. Quiénes, en fin, son los responsables del descomunal despropósito de Koldo y de otros pasajes lamentables. El Estado de Derecho funciona en España gracias a la independencia judicial. El sanchismo todavía no ha sido capaz de adueñarse de la Administración de la Justicia, salvo la baza mayor del Tribunal Constitucional. Las instancias más serias de la nación tienen el deber de proteger la independencia de jueces y magistrados, manteniendo la separación de poderes, rechazando las maniobras políticas para adueñarse del control judicial.