El documento –que no informe- de 30 de abril de 2024, relativo a las denominadas “leyes de la concordia” de tres Comunidades Autónomas hoy gobernadas por el PP en coalición con Vox, firmado por tres sedicentes relatores especiales que habrían sido nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en varios de sus llamados procedimientos especiales, es altamente sorprendente en sí mismo y en la forma en que ha sido dado a conocer por destacados miembros del Gobierno.
Como ya se ha destacado por varios comentaristas, es obvio que no se trata de acto jurídico definitivo alguno propiamente imputable a la ONU. No se trata de informe, dictamen, recomendación o decisión alguna, que haya sido adoptado por alguno de sus órganos con competencia para dirigirse a los Estados con algún tipo de efecto predeterminado en las normas que rigen la acción de Naciones Unidas. En el mejor de los casos no parece ser sino una comunicación en la que sus firmantes solicitan algunas informaciones al Gobierno de España que podrían ser relevantes a su juicio para el acabado cumplimiento de determinadas medidas o decisiones adoptadas por algunos de los órganos de trabajo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos.
Da toda la impresión, sin embargo –y lo avala que el propio Gobierno a bombo y platillo lo ha dicho y repetido-, que es el mismo Gobierno el que ha promovido la intervención de estas personas, y que éstas han redactado su comunicación -¡al mismo Gobierno!- sin tener en cuenta en la práctica sino lo que el Gobierno les ha comunicado, sin mucha más indagación ni escucha.
Pero resulta especialmente sorprendente encontrarse con que el primero de los firmantes, el argentino Fabian Salvioli, ha sido relevado ya del mandato como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, con cuyo título firma, y que ha ejercido durante el trienio de dicho mandato, desde 2021 hasta primeros de abril de 2024. Basta con entrar en la web de información actual sobre ese cargo de Relator Especial, o sobre el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para saber que ha sido el 5 de abril de 2024 cuando ha sido nombrado para ese cargo el canadiense Bernard Duhaime, más de tres semanas antes de la fecha en que el Sr. Salvioli se permite firmar aún un documento de esta índole, el 30 de abril.
Esta evidencia resulta muy clamorosa, máxime cuando resulta que, además, hay constancia, como han recordado algunos medios, de que Savioli se ha pronunciado en otras ocasiones en términos muy radicales en contra de los términos en que se produjo la reconciliación operada en España en la transición democrática hace casi medio siglo. Y ello a pesar de que el mandato establecido para quien ejerce el cargo de Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías, subraya expresamente que «al elaborar y aplicar estrategias, políticas y medidas para hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario, se debe tener en cuenta el contexto específico de cada
situación a fin de prevenir la repetición de las crisis y futuras violaciones de los derechos
humanos, asegurar la cohesión social, la construcción de la nación, la implicación en el proceso y la inclusión de todos a nivel nacional y local, y promover la reconciliación» (añado yo la negrita y el subrayado).
A la vista de la información disponible en la web del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tampoco es claro, por otra parte, que la Sra. Aua Baldé, de Guinea Bissau, además de ser, en efecto, uno de los miembros del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, creado por dicho Consejo como uno de sus procedimientos especiales, sea lo que al final de la comunicación que comentamos dice que es: Presidenta-Relatora. No hemos visto acreditada esa Presidencia y mucho menos esa condición de Relatora.
Y, en fin, llama la atención que, en la relación de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, en la que figuran los nombres de los Relatores o de los Miembros de los Grupos, al referirse al cargo de Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, haya un vacío, como indicando que en este momento ese cargo está vacante. ¿Lo detentaba aún, efectivamente, el 30 de abril el médico forense chileno Morris Tidball-Binz que firma como tal también el documento?
Todo bastante raro, en fin, y necesitado de las debidas aclaraciones, si es que el asunto vale la pena. Cabe dudar, con todo, de esto último, como no sea para que nuestros responsables políticos –también los de la oposición, claro es- verifiquen las condiciones en que se han producido este documento y, de confirmarse graves irregularidades, exijan en Naciones Unidas las responsabilidades correspondientes. Y… las exijan también, en cuanto pueda haber habido connivencia, al Gobierno, que con todo esto –de ser ciertas las anomalías que señalamos- habría tratado de embarrar de una nueva forma el ambiente político y ciudadano español.