La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este lunes en el Congreso de los efectos que tiene sobre la seguridad nacional el supuesto espionaje con el programa informático Pegasus de los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios miembros del Ejecutivo, entre ellos, el suyo.
Robles ha resaltado que la seguridad del Estado no se ha visto afectada, debido a que los móviles no contenían información clasificada o reservada. Sin embargo, los espías sí accedieron a la intimidad y los datos personales de los titulares de los móviles.
El Gobierno y los ministros afectados, también "a nivel personal", son pues los principales interesados en conocer quién realizó el ciberataque, ha explicado.
Por su parte, el diputado del PP Rafael Hernando ha reprochado al Gobierno que ocultara durante un año que los móviles habían sido hackeados y se ha mostrado convencido de que en estos dispositivos había información que puede comprometer la seguridad nacional.
En este sentido ha recordado que el teléfono del presidente del Gobierno contenía tres gigas y ha ironizado: "Qué vida íntima y personal de gran capacidad" tiene Pedro Sánchez.
Hernando ha explicado que el Ejecutivo anunció que habían sido espiados justo después de que lo denunciaran políticos independentistas y ha opinado que fue así porque "era lo mejor para quitarse una patata caliente". "No nos tomen el pelo; han hecho muy mal ocultando la información", ha concluido.
Robles ha intervenido en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, a petición del grupo popular, después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama reabriera la investigación sobre este caso el pasado 23 de abril tras recibir nuevos datos de Francia.
El magistrado investigó durante casi un año la infección en cinco ocasiones del móvil de Pedro Sánchez, y también de los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Agricultura, Luis Planas, entre 2020 y 2021.
No obstante, acabó archivando el caso por la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, país donde tiene su domicilio social el grupo NSO, que ha desarrollado y comercializado el programa Pegasus.
Ese mismo día, Robles trasladó el deseo del Gobierno de "esclarecer" los espionajes sin autorización judicial a políticos realizados con Pegasus y manifestó su compromiso de colaborar "en todo lo necesario" durante la investigación judicial del caso.
"He visto que se ha encargado el estudio al Centro Criptológico Nacional, que son unos profesionales excepcionales, y esperemos que se llegue hasta el final en el esclarecimiento de los hechos", recalcó la ministra entonces.
La reapertura del caso fue celebrada por el PP que manifestó su confianza en que se llegue a conocer qué información se robó al presidente del Gobierno o "hasta qué punto estuvo en riesgo la seguridad nacional", a la vez que consideró que el Ejecutivo tendría que dar las explicaciones que se había negado a proporcionarles hasta ese momento.
En varias ocasiones, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado al presidente del Gobierno si su giro respecto al Sáhara Occidental y Marruecos estuvo relacionado con el espionaje a su móvil.