El proyecto de ley de modificación de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana pretende resolver problemas que se llevan generando en los municipios desde hace más de 40 años, como la paralización de los planeamientos urbanísticos por defectos menores que se pueden subsanar fácilmente.
Para ello, el nuevo texto diferencia entre los fallos formales que tienen suficiente relevancia como para determinar la nulidad de todo o parte del instrumento de ordenación y los que se pueden subsanar para evitar anulaciones desproporcionadas. En esa línea, fija un plazo máximo de cuatro años para impugnaciones por motivos formales no sustanciales.
Además, cuando un plan urbanístico es anulado por cualquier error formal se vuelve al plan anterior, lo que supone tener que aplicar “planes antiguos absolutamente desconectados de la realidad”, además de conllevar una nulidad en cascada de todo el planeamiento.
El Gobierno cree que esto ha provocado ya una “crisis en el sistema” que no solo pone en riesgo su credibilidad, sino que tiene efectos paralizadores de la actividad.
La reforma también pretende agilizar la construcción de vivienda pública, con medidas como la eliminación del silencio negativo para la concesión de licencias y el encaje de fórmulas alternativas a la licencia.
Asimismo recoge medidas para acelerar los procedimientos asociados a la rehabilitación de edificios, permite cancelar el derecho de reversión en algunos supuestos de expropiaciones y regula la forma de calcular la indemnización a las empresas cuando se impida la promoción de nuevos desarrollos o se cambien las condiciones de los proyectos.
También da un plazo de un año al Ministerio de Vivienda para crear una plataforma telemática que sirva para agilizar la emisión de los informes sectoriales necesarios para elaborar los planes generales de urbanismo.