Para la presidenta, la amnistía supone “una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley”. Se trata de una norma “redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática” y que, por supuesto, “no finaliza nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación”.
Según Díaz Ayuso, de todo esto “es responsable directamente el presidente del Gobierno porque el siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor”. “Sobre todo, pretende llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar, es decir, una trampa tras otra, una mentira tras otra”, ha destacado. Díaz Ayuso ha continuado señalando que “la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera”. “Deja débil a España, la deja bajo sospecha y también la deja inerme ante los que quieren destruir a la nación”, ha considerado la jefa del Ejecutivo.
En la misma línea, ha denunciado que quedan “desamparados” los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Deja prevaricadores a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, senadores, cuestionando al Rey y todo sobre
una inmensa mentira. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano”, ha remarcado.
En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía "afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna" y defiende que nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales "no operan bajo las mismas reglas constitucionales".
Además, considera que supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, "el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".