Nada más ser aprobada la amnistía por el Congreso, Puigdemont se burlaba de nuevo de Pedro Sánchez al recordar que “la ley formaba parte del acuerdo de investidura”, a pesar de que el PSOE “la descartaba de forma contundente hace un año”. O lo que es lo mismo: que el presidente del Gobierno se ha rendido con el único propósito de ser investido. Y así es. Pero el prófugo de la Justicia, a pesar de doblegar al líder socialista, no debe cantar victoria. Porque el Estado de Derecho ha sufrido un severo ataque, pero no está muerto. Y ahora llega el turno de la Justicia.
Para empezar, los fiscales del procés han emitido un comunicado en el que rechazan que Puigdemont pueda ser amnistiado del delito de malversación. “Sería inaceptable”, dicen. Y recuerdan que, por lo tanto, hay que mantener la orden de detención del golpista huido. El Tribunal Supremo no se va a rendir, como ha hecho Pedro Sánchez. A renglón seguido, actuará la Justicia europea, que también puede impedir que sean amnistiados los delincuentes que intentaron dar un golpe de Estado.
Porque ni el Supremo ni los tribunales europeos se tragan la propaganda de Moncloa y de sus aliados sobre las bondades de la amnistía. Como todo el mundo, saben que la maldita ley sólo obedece a la necesidad de Pedro Sánchez de ser investido presidente y, ahora, de mantener los 7 escaños de Junts para prolongar la legislatura. Se trata, pues, de un acto de corrupción política. Y, lo más importante: la Justicia puede desbaratar los planes de Sánchez y de los separatistas. Puede ordenar la detención de Puigdemont e inhabilitar a Junqueras y sus secuaces, lo que dejaría en papel mojado la ley de marras.
La amnistía, pues, ha dejado de estar bajo el control del Gobierno; ahora, depende de los tribunales, en especial el Supremo que mantiene las causas de los líderes de ERC y Junts. Y Puigdemont puede ser detenido en cuanto pise suelo español. El golpista huido, sin embargo, sigue adelante con sus planes. Pretende ahora ser reelegido presidente de la Generalidad para “negociar con el Gobierno en igualdad de condiciones” la celebración de un referéndum de autodeterminación. Y luego planteará la exigencia de declarar la independencia fiscal de Cataluña. Y, así, ad eternum. Es probable, que Pedro Sánchez acepte las nuevas exigencias de los separatistas para amarrar el poder. No lo es tanto que la Justicia se pliegue a las pretensiones de Moncloa y de los secesionistas. El Estado de Derecho no se ha rendido. Y Pedro Sánchez y Puigdemont pueden ser derrotados.