Aprobada la ley de Amnistía, jueces y magistrados saben que Pedro Sánchez redoblará ahora sus esfuerzos para controlar el poder judicial. No lo tiene fácil porque en las próximas semanas, en los próximos meses, se encontrará con decisiones judiciales que, desde el rechazo al fiscal general del Estado hasta las trabas con que tal vez tropiece la ley de Amnistía, pasando por asuntos más delicados, pueden situar al presidente del Gobierno en una posición que le impida mantenerse en su cómoda poltrona del palacio de la Moncloa.
Si Alberto Núñez Feijóo permanece a la espera y evita nuevas equivocaciones, la Justicia despejará el camino de tatos y tantos atropellos, perpetrados por el sanchismo en los últimos años. La maquinaria de la Justicia es lenta, pero cuando se pone en marcha actúa con firmeza. Y según observadores sagaces ya ha iniciado el camino con el fin de evitar que Sánchez, lance algunos torpedos que sorteen o intenten sortear las leyes, empezando por la Constitución. Hace sólo unos meses la amnistía era rotundamente anticonstitucional para Pedro Sánchez. Provoca vergüenza ajena ver cómo se pronunciaba el presidente entonces y cómo se abraza ahora a una ley que no garantiza la convivencia en Cataluña, sino que confirmó la investidura de Sánchez primero y pretende asegurar ahora la aprobación de los proyectos de ley en el Congreso de los Diputados.
El poder ejecutivo, que domina al legislativo sanchista, se enfrenta con el poder judicial en un duelo del que depende la permanencia de la democracia pluralista plena en nuestra nación. Porque las sombras del cambio de régimen se ciernen ya sobre una España atónita, al borde de la quiebra territorial.