A pesar de la jugarreta parlamentaria, Salvador Illa considera que el único gobierno posible de la Generalidad es el que, por él presidido, se deriva de un pacto entre el PSC, ERC y Comunes. Seguramente no le falta razón. Lo que no sabemos es hasta dónde han llegado los acuerdos enmascarados de Pedro Sánchez con Puigdemont. Son varios los observadores sagaces que apuestan porque el líder socialista, a cambio del plato de lentejas de los siete escaños en el Congreso de los Diputados, se comprometió con el prófugo golpista no sólo a facilitarle a través de la ley de Amnistía el retorno triunfal a Cataluña sino también apoyar su encumbramiento en la presidencia de la Generalidad.
Está claro que Salvador Illa aspira con razón a ser él quien ocupe ese puesto. Si el exministro sanchista se opone a la investidura de Puigdemont, el golpista amnistiado no podría encaramarse en la presidencia catalana. Pero ¿qué ocurre si en la sesión de investidura de Carlos Puigdemont, Pedro Sánchez ordena a Salvador Illa que se abstenga y permita que el golpista consiga sus propósitos? Eso aseguraría durante algún tiempo que los siete escaños de Puigdemont en el Congreso de los Diputados permanecerían al lado de Sánchez. Desconocemos los compromisos del presidente del Gobierno con el prófugo golpista. Incluso Salvador Illa ignora hasta el momento lo que realmente está pactado. Y no son pocos los que piensan que el exministro se resistirá a ser escabechado para que su presidente permanezca unos meses más confortablemente arropado sobre la silla curul del palacio de la Moncloa.
En unos días se despejarán las incógnitas. Está claro que Pedro Sánchez ha pagado con la ley de Amnistía la factura de los siete escaños controlados por el prófugo golpista. Pero la pregunta se hace inevitable: ¿comprende esa factura algún reglón más que desconocemos?