Tenía preparado otro artículo, pero el escándalo de la aprobación de la ley de amnistía por el Congreso, la firma del Rey y su publicación en el BOE, amén de la batalla fiscal contra un Fiscal General que reconoce ser un delincuente, pero se pliega servilmente al plutócrata Sánchez ya hay que llamarlo así, después de lo de su familia-, digo que el escándalo es de tal calibre que no me queda otro remedio que hablar de ese estropicio, aunque a Sánchez se le acumulen los pleitos familiares y nacionales sin resolver.
Como la mayoría escueta que ha aprobado la ley, con llantos e infantil alborozo incluido, no puede esgrimir ningún argumento de peso ni liviano en su favor, puesto que para el más lerdo semejante bodrio jurídico no sólo vulnera la Constitución, la división de poderes y por ello la democracia, sino que repugna también al más mínimo sentido común, que parece lo menos repartido entre los españoles, entonces los promotores de esa aberración absoluta, política y jurídica se han dedicado a insultar, como suelen hacerlo, a quienes no admiten semejante claudicación ante la delincuencia golpista, la más feroz que cabe contra la integridad y la paz de una nación. Y la Presidenta del Congreso, que debía estar ya imputada, puso la guinda a tal horror legislativo, concediendo la palabra a un descontrolado Pisarello, lo nunca visto en medio de las intervenciones, y negándosela al partido al que aquel había insultado. Sánchez lanzó para la defensa inconcebible de su ley a un enfurecido dóberman, comparado con el cual Oscar Puente es un caniche. Y como la ley no tiene defensa jurídica posible, repito, toda la tropa delincuente, y lo es cuando sin rubor se salta las leyes, pisoteando la justicia, se lanzó al desvarío político y jurídico y al consabido insulto a la oposición, tachándola de franquista, fascista y filonazi, como si se tratara de un concurso de insultos a ver quién se llevaba el premio.
Por su parte, el del PNV, salió inventándose un derecho a decidir, propio de no se sabe quién: ¿El País vasco, Cataluña, o todos los trozos de una nación deshecha? No parece que ese derecho sea sino para las colonias, ni esté en una Constitución que habla de “la unidad indisoluble de la nación española”, unidad que lo es también a efectos prácticos. Por eso se conoce muy bien a quien dice la verdad histórica y a quien intenta colar una mentira, basándose en el uso ideológico de la lengua y hablando de “independentismo”. Pero las comunidades de España nunca han sido colonias subyugadas. Por eso la expresión correcta para hablar del intento de separarse de España es “separatismo”, por mucho que le cueste a los nacionalistas y a la izquierda utilizarla. Incluso parece que el PP no entiende la diferencia, lo que me parece grave. Tampoco parece entenderse que las Comunidades Autónomas no son tales per se, por naturaleza, sino porque lo determina la Constitución, una Constitución que será necesario corregir, por sus defectos evidentes, pero cuando haya un socialismo racional que haya recuperado la cabeza. Porque, por poner un ejemplo, los privilegios otorgados al País Vasco y a Navarra, que conculcan la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, derivan de que la Constitución del 78 se hizo bajo la sombra amenazante del miedo a ETA.
Ya hablaba Ortega de las provincias como “torpe tatuaje sobre la piel de España”. Ahora la división política y no sólo administrativa de las regiones está resultando ser un tatuaje mucho más torpe y mucho más caro.
Pedro Sánchez mostró una vez más su soberbia narcisista al ausentarse del hemiciclo durante el debate de la ley. ¿Eso indicaría acaso que algo le remordía la conciencia? Me parece imposible. En todo caso, que no se haga ilusiones y cante victoria tan pronto la mafia sanchista y sus secuaces separatistas. Porque espero que el Tribunal de Justicia europeo, basándose en la malversación y el terrorismo como no amnistiables, tumbe las esperanzas ilegales de separatistas e izquierdistas. Por otra parte, ¿podía oponerse el Rey a firmar la ley? Pienso que ante la duda a lo mejor podía haber hecho una pregunta pertinente al Constitucional. Pero ¿no era peor obligar a éste a tomar una decisión antes de que se pronuncie el Tribunal europeo sobre el asunto? Quizá sí.