PP y PSOE alcanzaron este martes un acuerdo definitivo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, tras más de cinco años con el mandato caducado. La medida es urgente y supone un triunfo de las tesis defendidas por Núñez Feijóo para lograr la independencia judicial.
La renovación del CGPJ será inmediata en la misma sesión del Congreso, en julio, se aprobará además la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: serán los nuevos vocales del CGPJ quienes lo escojan por un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.
Explican desde el PP que se garantiza así una "composición absolutamente equilibrada del CGPJ" gracias a veinte nuevos miembros "con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de duda".
La modificación normativa en el sistema de elección, añade el PP, se articulará mediante una proposición de ley que encargará a los nuevos miembros del Consejo redactar la ley que reforme el método de elección atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea.
La clave está en que incluirá expresamente un nuevo modelo de "participación directa" y de votación para que los propios jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.
El acuerdo se ha conseguido en la reunión que han mantenido este martes en Bruselas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová.
Según sendas notas idénticas facilitadas por el PSOE y el PP, el pacto supone "proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho relativo a España de 2022 y 2023", así como tramitar una reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros mediante una proposición de ley orgánica presentada en el Congreso.
En este punto también invocan las recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en el mismo informe.
El tercer punto del acuerdo figura el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional cuya vacante está pendiente de ocupar, que será para el actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías Castaño, muy crítico en los últimos meses con la ley de amnistía.
Estos puntos están contenidos en un documento que Bolaños y González Pons firmarán este mismo martes en Bruselas, donde se han reunido con Jourová, y donde explicarán los detalles en sucesivas ruedas de prensa.
El PP ha añadido además que gracias al pacto alcanzado "ninguna sensibilidad podrá imponerse sobre las otras" en el seno del CGPJ porque todas las decisiones tendrán que adoptarse por mayorías reforzada de tres quintos.
También explica que el Gobierno no podrá "señalar" al presidente del Tribunal Supremo porque por primera vez los nuevos vocales del Poder Judicial serán quienes elijan al magistrado que presida el alto tribunal con un mínimo de 12 votos y sin candidatos sugeridos por los partidos.
Finalmente asegura el PP el que el acuerdo comporta la prohibición de que un ministro pueda ser designado fiscal general del Estado, como sucedió con la exministra de Justicia socialista Dolores Delgado.