El diario gubernamental insiste en el fake de que el Partido Popular incumplió durante cinco años la Constitución por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pasa por alto el diario, como suele ser habitual en la línea editorial reflejada en titulares, que una negociación no consiste en que una parte negociadora se vea conminada a aceptar lo que la otra propone. El bloqueo siempre ha sido bidireccional y no unidireccional. Situar en primera página la “bienvenida” del presidente del gobierno al líder de la oposición es un modo de avalar la fake de que, al fin, se ha conseguido arrastrar al Partido Popular a aceptar la Constitución. Nunca hubo bloqueo de una parte si no hubiera sido compartido por la otra. Nadie necesita que el gobierno expida credenciales de reconocimiento por que no está en sus atribuciones ni es fuente de ejemplaridad. No es la oposición la que repentinamente se ha convertido a la ortodoxia y cumplido con una obligada disciplina. Nunca hubo, ni ahora la hay, norma constitucional alguna donde estuviera prevista la obligación de aceptar una propuesta que facilite al gobierno el control de fiscales y jueces.
Durante cinco años ha habido de todo, tiras y aflojas, situaciones de presión casi inconcebibles. Lo que estaba en juego era la colonización judicial por el ejecutivo amparada por la presión mediática y televisiva. Hay que celebrar por eso que hayan acabado estos cinco años de resistencia a anudar las togas con el cinto del un chantaje urdido por un gobierno que, a su vez, ha sufrido el chantaje de sus socios. Se ha vencido al procedimiento invasivo y se ha resistido a la incuestionable presión de un gobierno minoritario que solo consigue mantenerse mediante el ejemplar cumplimiento constitucional de gobernar cediendo prebendas a cambio de votos.
Ni siquiera la nueva situación libra a la propaganda de utilizar la fake del incumplimiento constitucional en boca de un presidente que no ha presentado los presupuesto Generales del Estado contraviniendo las previsiones constitucionales, entre otros muchas contravenciones del espíritu constitucional que podrían añadirse.
Este empeño de hacer prosperar la fake de que la oposición incumplió una obligación constitucional que incluye directamente al gobierno, queda de manifiesto, como ha escrito Teresa Freixes, en que la Constitución no adjudica al presidente del gabinete ninguna atribución para decidir plazos ni condiciones sobre la renovación del Consejo. Tampoco un presidente ni un ministro de justicia tienen competencias para distinguir entre lo constitucional y lo inconstitucional, no son fuente de autoridad, por lo que la palabra de Sánchez de “bienvenido a la constitución” puede ser duplicada por cualquiera para celebrar que, al fin, Sánchez se avenga al acuerdo después de cinco años de torpedear su cumplimiento.
La autonomía judicial es lo que siempre ha estado en juego en estas negociaciones y ayer se ha dado un paso decisivo para que pueda preservarse en el futuro. Lo mejor del acuerdo, como ha escrito Ignacio Varela, sería que no tuviera que volver a repetirse el procedimiento partidista seguido en este trance para salir de la ocasión y que fuera la última vez que quede en manos de los partidos.
La conclusión es que el Parlamento, al servicio del Gobierno, ha fallado, no la oposición. Es la presidenta del Congreso quien queda en entredicho, deteriorada como árbitro imparcial por supeditar su función a directrices políticas convenidas por el equipo de gobierno con sus socios. El socio principal, por estar representado directamente en el ejecutivo, sigue sin tener ideas claras sobre lo que significa la independencia judicial en un sistema parlamentario, cuando sigue esparciendo la consigna de que los jueces sean elegidos a través de los políticos porque son los que representan la soberanía nacional. En los sistemas donde los jueces son elegidos en circunscripciones locales queda asegurada su independencia por tratarse de elecciones diferentes entre las que no hay interdependencia. En el sistema representativo, la ley emana del pueblo y la soberanía popular queda asegurada por la obligación de los jueces de conocer la ley para aplicarla con ecuanimidad, no por su procedimiento de elección. Su profesionalidad y conocimiento son la garantía de su independencia.
Hay aspectos políticos dignos de resaltar derivados del acuerdo. El primero de ellos es que no hay una presencia de juristas anticonstitucionales al servicio del soberanismo catalán. En circunstancias en que el porvenir del ejecutivo está en manos de los independentistas, que el Gobierno se haya comprometido con una ley de amnistía cuya ejecución está en manos de los jueces y los nombramientos dependen de un Çonsejo Judicial equilibrado, pone más de manifiesto la precariedad del respaldo parlamentario del gobierno. El acuerdo expresa un fortalecimiento del bipartidismo, donde una coalición que representa centenar y medio de diputados obtiene la misma cuota de elección que un. partido de la oposición con 137, pero en la que hay que descontar que quedan excluidos Vox y los nacionalistas, por lo que se comprende la irritación de estos partidos y el refuerzo al bipartidismo. Otro aspecto importante es que del acuerdo se infiere que ninguno de los ministros actuales tendrá acceso al Consejo ni al Tribunal Constitucional y que la figura del actual fiscal general queda más debilitada hoy de lo que estaba ayer.