Observadores objetivos de la actualidad política española creen que Carlos Puigdemont organizó el show circense de su viaje a Cataluña con la colaboración de un sector de los Mossos de Escuadra y diversos destacados dirigentes políticos catalanes.
Varios analistas especialmente sagaces opinan, sin embargo, que el acuerdo del esperpento se produjo entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont, con la colaboración de dirigentes de alto nivel del PSOE sanchista y de Junts. Hasta ahora nadie ha aportado pruebas contrastadas y todo se reduce a especulaciones, eso sí, sólidamente argumentadas. No sé si el magistrado Pablo Llarena será capaz de averiguar cómo se produjo el esperpento valleinclanesco que tanto ha deteriorado la imagen internacional de España. Parece claro que la nueva fuga del prófugo golpista no dependió solo de los Mossos de Escuadra y dirigentes secesionistas porque las fronteras y el control territorial corresponden a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, aparte de la obligación del CNI de vigilar a un prófugo de tanta significación como el golpista Carlos Puigdemont.
En todo caso, y aunque el acuerdo se hubiera extendido hasta el Gobierno sanchista, a Pedro Sánchez se le van a poner las cosas muy difíciles si no convoca en otoño elecciones generales. El chantaje al que va a someterle Puigdemont será implacable. Los jueces han limitado la aplicación de la ley de Amnistía y los electores catalanes votaron en las elecciones autonómicas en favor de Salvador Illa. Profundamente chasqueado, Carlos Puigdemont chantajeará a Pedro Sánchez en cualquier proyecto de ley que el Gobierno lleve al Congreso de los Diputados. Los Presupuestos Generales del Estado están en el aire. Y lo que más alarma en el palacio de la Moncloa es que sectores del Partido Popular y de Junts estudien una posible moción de censura que encabezaría un juez independiente o un sindicalista de indiscutido prestigio como Nicolás Redondo Terreros. Se desplazaría así a Pedro Sánchez y se formaría un nuevo Gobierno con un solo punto programático: la convocatoria de elecciones generales en el plazo más corto que permita la ley.