Como ha filtrado Moncloa para abonar el terreno, para preparar a sus ministros y a su Ejército mediático ante la próxima batalla, Pedro Sánchez pondrá en marcha su anunciado acoso a los jueces y a los medios de comunicación independientes en cuanto vuelva de vacaciones. Conviene recordar que el presidente anunció su plan para acosar a los medios de comunicación críticos tras sus cinco días de reflexión; esto es, justo después de que se desvelaran los tejemanejes de Begoña Gómez. Para compensar esa suerte de censura, sin embargo, el presidente anunció la inversión de 100 millones de euros en la “digitalización”. Una subvención que, a buen seguro, recaerá en los periódicos afines al Gobierno. Así, acosará a los medios críticos con el Gobierno, mientras riega con millones del presupuesto a los que le defienden.
La presión contra los jueces ya está en marcha. El propio presidente y su mujer se querellaron contra el juez Peinado por su osadía al hurgar en la herida de los negocios de Begoña Gómez. Pero su principal batalla contra la Justicia se basará en enfrentarse a los magistrados que no acaten la ley de amnistía, para empezar, el Tribunal Supremo. Óscar Puente, el perro de presa del Gobierno, ya ha iniciado la burda operación al acusar al Alto Tribunal de prevaricación. Pero en otoño, redoblarán la guerra la Abogacía del Estado y la Fiscalía General. En su deriva totalitaria, Sánchez empleará la entera maquinaria del Estado para lograr la impunidad de Puigdemont y poder, así, respirar tranquilo.
Porque, tanto Junts como ERC, exigen al Gobierno que actúe para que la amnistía alcance a todos los golpistas como parte de los acuerdos de investidura. Y Pedro Sánchez, además, necesita mantener los apoyos de los partidos separatistas para poder sacar adelante los presupuestos, más aún, después de verse obligado a prorrogar los de 2023.
Se trata de una burda estrategia de Sánchez para intentar superar la crítica situación política y personal que sufre por los presuntos casos de corrupción que salpican a su mujer y su hermana y por la cada vez mayor debilidad parlamentaria del Gobierno. Después de colonizar el Tribunal Constitucional, la Fiscalía y la Abogacía del Estado está a punto de controlar también el Poder Judicial. Con ese potente Ejército togado redoblará su acoso a los jueces que le estorban y a los medios de comunicación independientes que critican sus muchas ilegalidades políticas. Consumará así la deriva totalitaria del Gobierno, imprescindible para burlar la Constitución y la democracia y sobrevivir sin tener que abandonar La Moncloa durante la entera legislatura.