El juez extingue la responsabilidad de Franco tras comprobar que está muerto
Martes 18 de noviembre de 2008
El juez Baltasar Garzón ha decidido inhibirse de la causa en la que investiga las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentren las fosas que mandó abrir al declarase competente para instruir este procedimiento el pasado 16 de octubre.
En un auto de 152 folios, el juez de la Audiencia Nacional acuerda además extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco en esta causa, así como la de otros 44 altos cargos de la dictadura, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos.
Eleva también atenta comunicación de esta resolución a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia "hasta que gane firmeza" la inhibición acordada.
Con esta resolución, Garzón se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se oponía por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes. Así, los juzgados provinciales a los que el juez remite esta causa son: A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza.
También se inhibe en favor de los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
El magistrado da este paso tras incorporarse ayer al juzgado tras permanecer dos semanas de baja médica y después de que el Pleno de la Sala de lo Penal paralizara, a instancias de la Fiscalía, las exhumaciones a las que dio el visto bueno Garzón tras declarase competente, decisión que afectó a la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca, entre otras.
Diez nuevos responsables
Entre los 45 altos mandos que menciona en su auto el juez incluye al propio general Francisco Franco Bahamonde y otros 34 jefes militares que participaron en la sublevación militar, entre los que se encuentran los miembros de la Junta de Defensa Nacional que asumió el poder en los primeros meses de la Guerra Civil, los integrantes de la Junta Técnica del Estado Español que actuó entre el 3 de octubre de 1936 y el 30 de enero de 1938 y los miembros de los cinco primeros gobiernos de Franco, que se extendieron hasta el 18 de julio de 1951.
Además, ha incorporado a otros 10 miembros de la Falange, militares y altos cargos del régimen que también se encuentran fallecidos. Se trata de Manuel Hedilla Larrea, Tomás Domínguez Arévalo, Darío Gazapo Váldez, Tomás Dolz del Espejo, Joaquín Miranda, Luis Arellano Dihinx, Ernesto Jiménez Caballero, Pedro González Bueno, Fernando González Vélez y Ladislao López Bassa.
Según fuentes jurídicas, la decisión se Garzón supone la paralización del incidente de competencia planteado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional al Pleno de la Sala de lo Penal. Después de permanecer unas semanas de baja, el magistrado debía ahora argumentar por escrito su decisión de aceptar la competencia sobre estos crímenes. No obstante, una vez que la Sala reciba comunicación de esta disposición, estas fuentes apuntaron que el incidente abierto se declarará extinto.
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