El reciente desaguisado del Gobierno de México con la embajada de Estados Unidos --enfriar las relaciones que habían sido muy, pero muy cercanas-- por la declaración del embajador americano Ken Salazar en contra de la decisión soberana del gobierno mexicano de una reforma total del Poder Judicial tiene un escenario histórico.
La frase no tiene paternidad clara, pero ha sido citada por historiadores y el presidente mexicano López Obrador no deja de repetírsela a Donald Trump y a Joseph Biden: “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos”. El veterano periodista Alan Riding, corresponsal durante muchos años del The New York Times en México, escribió un libro entre académico, histórico y periodístico sobre ambas naciones y la tituló con una frase que se ha asumido ya como una categoría: Vecinos distantes.
La frontera México-EEUU del Pacífico al Golfo de México consta de más de 3,000 km, aunque se trata de la frontera que se definió después de la invasión estadounidense a México a mediados del siglo XIX y la apropiación ilegal de territorios mexicanos descuidados y que hoy se han agrupado en los estados de Texas, Nuevo México, California, Arizona, Nevada, poco menos de un tercio del territorio actual americano y era la mitad del mexicano.
Esta introducción sirve para ilustrar la dimensión de los problemas entre la principal potencia económica, militar y geopolítica del mundo y un país que ha quedado atado a la dependencia y los intereses de seguridad nacional de EEUU.
A pesar de la dependencia económica, política, geopolítica y familiar por los más de 20 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos --descendientes de los habitantes originarios, migrantes legales e ilegales y población flotante que cruza la frontera todos los días--, todos los gobiernos mexicanos en la historia independiente se han cuidado de marcar una distancia que niega la integración total, a pesar de que algunos grupos en algún tiempo quisieron que México se convirtiera en un estado libre y asociado de EEUU, como Puerto Rico. A nivel de gobierno, administraciones mexicanas progresistas, liberales, conservadores y aliados a la integración económica han logrado consolidar en la práctica un modelo de vecindad de resistencia que ha sido definido por algunos historiadores como de “nacionalismo defensivo".
En 1990 el presidente Salinas de Gortari inició las negociaciones para la construcción de un mercado norteamericano que abarcará las dos naciones fronterizas de EEUU: Canadá al norte y México al sur. El tratado de Comercio Libre --mal traducido como Tratado de “Libre Comercio”-- se firmó en 1993 e inició su funcionamiento el primer minuto de enero de 1994, pero con un movimiento social en la frontera mexicana sur del Estado de Chiapas con la guerrilla del EZLN como grupo indígena opositor al Tratado.
El Tratado comercial quiso ser el instrumento de integración no solo de un mercado de producción y consumo, sino de la nación mexicana; y sobre todo, el Tratado fue visto en Washington como la manera de terminar con el resentimiento histórico de México hacia Estados Unidos por la mutilación de la mitad del territorio mexicano en el siglo XIX. A finales de 1987, una comisión bilateral a nivel gubernamental concluyó el estudio “El desafío de la interdependencia” para señalar que México debería corregir sus libros oficiales de historia y desaparecer la invasión y el sentimiento mexicano de que una gran potencia le había robado su territorio.
En 1991, el entonces embajador de Estados Unidos en México, John Dimitri Negroponte, una de las figuras más siniestras del espionaje y la seguridad nacional americanas, envió un memorándum especial al Departamento de Estado para apresurar la aprobación del Tratado comercial por razones de expansión del escudo estratégico americano. El memorándum fue muy claro en sus intenciones:
“Desde una perspectiva de política exterior (americana), un TCL institucionaría la aceptación de una orientación norteamericana en las relaciones exteriores de México”. Y agregaba: “la adopción de un TCL nos ayudaría a poner de forma abierta y legítima lo que muchos sienten debería ser la relación entre México y Estados Unidos hace mucho tiempo”.
Además, Negroponte señaló el Tratado como el instrumento para amarrar y hacer irreversibles las reformas neoliberales del Gobierno del presidente Salinas que liquidaron el modelo de economía de Estado e introdujeron el dominio del mercado. Con el Tratado, pues, la reforma neoliberal de Salinas quedaría permanente después de Salinas, lo cual ocurrió de 1994 en que formalmente inició el funcionamiento del Tratado hasta el 30 de noviembre de 2018 en que el grupo salinista perdió la presidencia y en su lugar llegó el grupo progresista y antineoliberal de Andrés Manuel López Obrador.
Este largo contexto explica las razones por las cuales el presidente de México decidió poner una “pausa” –como ocurrió con España-- en las relaciones del Gobierno mexicano con la embajada de Estados Unidos –no con el gobierno americano-- por el intervencionismo del embajador Ken Salazar al oponerse como representante del Gobierno americano a la reforma judicial que López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum han puesto en marcha a partir de la victoria legislativa de 60% de voto presidencial y mayoría calificada de dos terceras partes en las dos cámaras para poder modificar la Constitución sin el apoyo de la oposición.
Mientras Washington salió a defender a las empresas que han invertido a través del Tratado y que tienen miedo de la inexistencia de un Poder Judicial autónomos en México, el presidente López Obrador y su sucesora Sheinbaum han movido los resortes de un nacionalismo bilateral que siempre le ha causado más daño a EEUU que a México.
El dato mayor es que quien gane las próximas elecciones en Estados Unidos --Kamala Harris o Donald Trump-- tendrá que replantear de manera integral las relaciones bilaterales.